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El próximo 6 de diciembre la oposición venezolana y el gobierno se sentarán nuevamente en las mesas de diálogo por la paz.

El próximo 6 de diciembre la oposición venezolana y el gobierno se sentarán nuevamente en las mesas de diálogo por la paz. | Foto: Referencial

Publicado 15 noviembre 2016

La derecha del Parlamento de Venezuela pretendía impulsar un juicio político contra el presidente, figura que no existe en la Constitución.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máximo órgano del sistema judicial de Venezuela, admitió este martes la solicitud de amparo que introdujo la Procuraduría General de la República el pasado 9 de noviembre en resguardo de la Constitución.

Después de las reiteradas amenazas por parte de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, a los demás poderes públicos y su convocatoria a realizar un "juicio político" contra el presidente Nicolás Maduro, la Procuraduría solicitó al TSJ tomar previsiones para evitar actuaciones del Parlamento en contra de la Constitución.

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El amparo fue admitido por la Sala Constitucional del TSJ. En su sentencia 948 se declaró competente y ordenó a la AN "abstenerse de continuar el inconstitucional, nulo e inexistente 'juicio político' en contra del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros".

El órgano judicial también pidió a la AN "evitar dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus competencias y, en fin, fuera de lo previsto en la Constitución".

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Asimismo, la Sala Constitucional recordó que el Parlamento se mantiene en desacato a la Sala Electoral del TSJ, por lo cual sus actos son nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica. El máximo órgano judicial desconoce la investidura de tres de los 112 diputados opositores de la Asamblea Nacional por una investigación sobre un presunto fraude en las elecciones legislativas.

Por ello, la AN no puede convocar y realizar actos que alteren el orden público, instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones violatorias de los derechos constitucionales y del orden jurídico en general.

Este martes, los tres diputados involucrados en el presunto fraude electoral de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 solicitaron a la AN su desincorporación. 


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