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Según una sentencia de la Unión Europea (UE) de año 2015, la ejecución de una euroorden debe aplazarse si existe un riesgo real de trato inhumano o degradante para la persona detenida.

Según una sentencia de la Unión Europea (UE) de año 2015, la ejecución de una euroorden debe aplazarse si existe un riesgo real de trato inhumano o degradante para la persona detenida. | Foto: Reuters

Publicado 17 noviembre 2017

Dependiendo del ordenamiento interno belga, la justicia local decidirá si extradita al mandatario cesado o rechaza la ejecución de la euroorden.  
 

La justicia belga dejó en libertad este viernes al presidente cesado en funciones, Carles Puigdemont, y a los cuatro consejeros que le acompañan, hasta el próximo 4 de diciembre, día previsto para que la defensa del catalán presente los alegatos a su favor. 

La decisión fue tomada tras la comparecencia del presidente catalán ante la Fiscalía. Asimismo, aún queda por decidir si procede la solicitud de extradición del mandatario catalán y los funcionarios, hecha por la Orden Europea de Detención y Entrega el pasado 3 de noviembre.

El juez dio un plazo hasta el 4 de diciembre a los defensores para presentar alegaciones a las peticiones de la Fiscalía. Ese día, el tribunal podría tomar una decisión inmediata o aplazarla durante unos días para estudiar la documentación aportada por las partes.

De acuerdo al abogado Christophe Marchand, la Fiscalia belga se mostró de acuerdo con la entrega a España de Puigdemont y de los cuatro consejeros por los delitos imputados, excepto por el delito de prevaricación.  

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Esta decisión fue tomada después de que este jueves las autoridades judiciales de España respondieran al requerimiento de las belgas sobre el trato judicial y penitenciario que recibiría Puigdemont en caso de ser extraditado. 

El pasado 5 de noviembre el catalán se entregó voluntariamente a las autoridades del país, después de que el Gobierno de España emitiera una orden de detención y extradición en su contra. Horas después la justicia belga decidió dejarlo en libertad provisional.  

Los delitos que pesan en su contra son el de sedición y el de rebelión, así como otros relacionados con la organización del referendo del pasado 1 de octubre, como el de malversación de fondos públicos.


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