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El Gobierno de México se ha negado a revelar el informe de un estudio interno realizado al caso de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, en el que se demuestra que los investigadores violaron la ley durante la búsqueda.
El diario estadounidense The New York Times tuvo acceso a una copia del reporte que "aporta evidencias desde el interior de la oficina del Procurador que muestra cómo el caso fue mal manejado".
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Según el informe, los sospechosos del caso fueron arrestados de forma ilegal, proceso que anula cualquier declaración obtenida de ellos. Igualmente, denuncia que la investigación se encuentra en un “limbo” burocrático con numerosas irregularidades.
El estudio se completó hace cuatro meses y los familiares de los 43 desaparecidos no tuvieron acceso a él, como lo prometió la Procuraduría General de la República (PGR). De acuerdo con el rotativo neoyorquino, los padres de las víctimas no recibieron el documento y la justificación que se les dio fue que las autoridades judiciales superiores debían aprobar el estudio.
La aprobación del informe nunca llegó y el visitador general encargado de aprobar dicho informe de investigación, César Alejandro Chávez Flores, renunció de manera inesperadamente cuatro semanas después.
El director adjunto del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez y representante legal de las familias, declaró al Times que esta decisión demostró “un signo claro de falta de voluntad política, no solo de la PGR sin del Gobierno federal, para darle conclusión a la investigación”.
Esta revelación es la primera evidencia que existe de que la PGR de México manejó incorrectamente el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Procuraduría General de la República invalida el informe
La PGR de México invalidó este viernes el informe de investigaciones elaborado por una de sus instancias, en el que se reconocen violaciones en el proceso de búsqueda.
El documento oficial refleja que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero) por policías corruptos, que los entregaron a miembros de Guerreros Unidos, que a su vez los mataron e incineraron sus restos en un basurero de un municipio vecino.
El informe ocultado por el Gobierno mexicano también concluye que los estudiantes y otras personas que fueron atacadas esa noche por la Policía de Iguala "no hubiesen sido heridos o asesinados" de haber intervenido la Policía de Guerrero (estatal).
