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Los familiares de la líder indígena hondureña Berta Cáceres y del ambientalista mexicano, Gustavo Castro Soto, denunciaron este viernes que el proceso judicial que las autoridades de Honduras ejecutan por el asesinato de la activista está marcado por la “violación de los derechos humanos y garantías procesales” contra Castro, reseñó Prensa Latina.
Argumentaron que el director de la Asociación Civil Otros Mundos Chiapas es sometido a “largas jornadas de espera para la práctica de las diligencias investigativas, a la falta de tiempo de reposo entre la realización de las mismas, falta de acceso a sus fotocopias de todas las diligencias, falta de asistencia médica y psicológica como víctima de un delito grave, retención de sus pertenencias y sobre todo la prohibición de salir del país, medida que la propia jueza del caso Victorina Flores, reconoce en su resolución como no prevista para testigos”.
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La magistrada del Juzgado Primero de Letras de la Esperanza, Intibucá, dictaminó el jueves pasado negar el recurso de reposición interpuesto contra la prohibición de que Castro Soto salga del país por 30 días, reza el comunicado emitido por los familiares y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
En el documento expresaron que la jueza sostiene que Castro Soto “incumplió un citatorio” que no fue recibido por el interrogado “cuando se suscitó el incidente del aeropuerto”, para impedir su salida de Honduras.
De hecho, “las autoridades policiales y fiscales se limitaron a impedir su salida sin hacerle entrega alguna de citación”, manifestaron.
Detallaron que la jueza alegó que Castro incurrió en el delito de desobediencia, por lo que “pudo haber librado una orden de captura” en su contra.
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“Las irregularidades cometidas se suman a las del proceso general de investigación administrativa y judicial que se ha llevado a cabo en el esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro”, agregaron.
Dijeron temer que “con estos indicios la jueza esté predispuesta para fincar responsabilidades penales a Gustavo Castro, víctima, testigo y defensor de derechos humanos”.
Expresaron que “del mismo modo, las actuaciones de la Fiscalía y del Juzgado, han dejado en un estado de indefensión total a las víctimas y testigos, limitándose documentación fundamental para su representación en el proceso como la copia de todas las diligencias en las que han participado y al constituir una práctica inhibitoria para el ejercicio de la representación legal por cualquier abogado que quiera representarlas”.
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Los familiares de Cáceres y Castro Soto determinaron que la embajada de México en Honduras “debe de redoblar los esfuerzos para restituir los derechos de Gustavo Castro y proteger su integridad física y sicológica, de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos, frente a una detención ilegal en Honduras y el peligro de su criminalización”.
Gustavo Castro permanece en Honduras en condición de testigo por el asesinato de la activista Berta Cáceres, ocurrido el pasado 3 de octubre.
En contexto
Berta Cáceres fue asesinada en la madrugada del jueves 3 de marzo por sujetos desconocidos que forzaron el seguro de su vivienda.
El esfuerzo de Cáceres contra la construcción de una represa hidroeléctrica que desplazaría a cientos de indígenas de Honduras y la organización de grupos contra la extracción de recursos naturales, la convirtió en una amenaza para los intereses de las transnacionales y sectores capitalistas.
En 2012 recibió en Alemania el premio Shalom, otorgado cada año a quienes arriesgan sus vidas en su lucha por la justicia y por la paz en el mundo. En 2015 recibió el Premio Ambiental Goldman para el Sur y Centroamérica.
