La recién instalada Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la derecha, comenzará este miércoles oficialmente sus primeras sesiones del año, entre las cuales amenaza con aprobar leyes antipopulares y de corte neoliberal, que han sido adelantadas por sus propios dirigentes.
Tras la instalación de la junta directiva y la juramentación de los nuevos diputados, fue convocada para este miércoles por el recién electo presidente del Parlamento, diputado de la oposición, Henry Ramos Allup, una sesión ordinaria para las 10H00 hora local.
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En esta sesión los dirigentes de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) comenzarán los debates y las discusiones de una agenda legislativa, que fue presentada este miércoles, violando el reglamento de Interior y de Debates del Parlamento venezolano.
La propuesta de la bancada opositora amenaza entre otras cosas con liberar a políticos presos por actos desestabilizadores, propiciar un golpe parlamentario para derrocar el Gobierno legítmamente constituido del presidente Nicolás Maduro y apostar por un modelo político en los próximos meses, que incluye medidas neoliberales que ya fueron anunciadas públicamente.
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El diputado del partido de derecha Primero Justicia, Julio Borges, presentó oficialmente durante la instalación del nuevo Parlamento, la agenda legislativa que promoverá la bancada opositora.
Entre los primeros proyectos que van a ser presentados para ser debatidos, se encuentra la "Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional", que según los opositores “logrará la apertura de un diálogo nacional “, pero que en realidad busca liberar a políticos presos por propiciar la violencia y permitir el regreso al país de banqueros y corruptos prófugos.
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De igual modo, se plantea una ley “que otorgue derecho de propiedad a los beneficiarios de la Misión Vivienda”, la cual ha sido cuestionada por diversos sectores por tener caracter privatizador del programa social que fue impulsado por el Gobierno Bolivariano.
Los diputados de derecha también plantearán una “ley de Producción Nacional”, sobre la cual no se han dado detalles y una ley que norme los tickets de alimentación y medicinas para los jubilados”, aún cuando el Gobierno venezolano ha garantizado la seguridad social para más de 3 millones 031 mil 381 de beneficiarios.
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