Boletines
Opacidad
Opacidad
Señal en Vivo
Solo Audio
Con la admisión del proceso jurídico en contra de la mandataria brasileña se pretende su destitución.
El abogado de la presidenta de Brasil, José Eduardo Cardozo, presentó la defensa de la presidenta Dilma Rousseff ante la comisión parlamentaria que debate si será sometida a un juicio político y atribuyó todo el proceso a una "venganza".
>> El camino del juicio político contra Dilma Rousseff
Cardozo, recalcó que el juicio político solicitado por la derecha brasileña y aprobado en diciembre de 2015 por el presidente del Congreso de ese país, Eduardo Cunha, está viciado por retaliación y presenta errores conceptuales, por lo que es completamente ilegal.
El abogado general insistió en que si el proceso continúa de esa manera supondrá un golpe de Estado, pues carece de los requisitos legales mínimos, como la indudable comprobación de un delito de responsabilidad.
También anunció que, si el Gobierno percibe que el juicio a la mandataria es “irreversible”, apelará a la Corte Suprema, sobre la que dijo que “sin ninguna duda aceptará” sus alegatos.
El abogado advirtió que el procedimiento no se abrió por el ejercicio normal de la competencia legal y constitucional de los diputados, sino que se abrió como una venganza hacia la líder suramericana, para procurar el fin de su mandato.
El pasado miércoles fue entregado ante la Cámara, por parte de la bancada opositora, el informe que contiene la apreciación de los llamados "delitos de responsabilidad" previstos en la ley que se le atribuyen a Rousseff.
Con respecto a esto Cardozo expresa que el Gobierno está absolutamente confiado en que la oposición no logrará los 342 votos necesarios para aprobar el proceso en la Cámara de Diputados, que percibirá el intento de separar a una presidenta legítimamente elegida con unos fundamentos retóricos e infundados.
>> Comisión parlamentaria debate proceso contra Dilma Rousseff
Desprestigio Opositor:
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff enfrenta una campaña de desprestigio promovida por parte de sectores opositores que rechazan gestiones del gobierno de Brasil. Intentan vincularla con hechos de corrupción en Petrobras (empresa petrolera de Brasil), como parte de una operación que ha sido señalada como golpe de Estado.
