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Rusia y Siria, aunque no son miembros del Consejo, se han pronunciado en múltiples ocasiones en contra de semejantes resoluciones.
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) terminó este viernes su 36ª sesión en Ginebra (Suiza) al adoptar 34 resoluciones, incluyendo las relacionadas con Siria, Myanmar y Yemen.
El grupo de países integrado por Alemania, Arabia Saudita, Catar, Estados Unidos, Francia, Italia, Kuwait, Jordania, Marruecos, Reino Unido y Turquía, presentó la resolución sobre Siria, la cual afirma que en el país árabe estarían presentes "combatientes terroristas extranjeros y organizaciones extranjeras" pro-Damasco.
Asimismo, el documento incrimina al Gobierno sirio de supuestos crímenes de guerra y acciones que pueden considerarse como crímenes de lesa humanidad.
Además, los 27 Estados miembros acusan directamente a la aviación siria de haber usado el 4 de abril el gas sarín en la ciudad de Jan Sheijun (sur de la gobernación de Idlib).
La resolución fue apoyada por 27 de los 47 naciones que integran el Consejo. Siete países votaron en contra.
Rusia y Siria, aunque no son miembros del Consejo, se han pronunciado en múltiples ocasiones en contra de estas resoluciones, por considerar que no reflejan la realidad del conflicto y solo buscan culpar al Gobierno de Bashar Al-Assad, a quien EE.UU. intenta derrocar.
Extensión del mandato en Myanmar
El documento sobre Myanmar prolonga el mandato de la misión internacional independiente de búsqueda de hechos sobre la situación de la etnia musulmana Rohingya en el estado de Rakáin (costa oeste).
Además, la resolución exige que la misión presente un nuevo informe oral sobre la situación en el país después del éxodo de los Rohingyas a Bangladés.
Devastadora situación humanitaria de los Rohingya en Bangladesh. 500.000 huyeron de Myanmar. @antonioguterres alerta al #ConsejoDeSeguridad pic.twitter.com/ifwAhPViAv
— Naciones Unidas (@ONU_es) 29 de septiembre de 2017
Monitoreo en Yemen
En otra resolución, el Consejo de Derechos Humanos dispuso el establecimiento de un grupo de expertos para el monitoreo de la situación de las garantías fundamentales y los abusos cometidos por todas las partes del conflicto en Yemen a partir de septiembre de 2014. La labor de ese grupo durará por lo menos un año. El documento fue adoptado sin votación.
