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Según el Gobierno brasileño el aumento de salario al sector judicial traería repercusiones negativas a la economía del país hasta el año 2019.
El Congreso brasileño mantuvo el veto presidencial al reajuste del salario a los empleados del Poder Judicial, garantizando al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, la no elevación de sus gastos presupuestarios.
La jefa de Estado del gigante suramericano ya había rechazado la propuesta al considerarla inoportuna sobre todo en momentos donde la administración federal congeló de manera temporal los salarios.
Las medidas incluían un aumento de sueldo para todo el Poder Judicial de más del 78%, lo equivalente a 9 mil 500 millones de dólares en los próximos cuatro años.
#Brasil: Congreso mantiene mayoría de vetos de la presidenta @dilmabr incluyendo el rechazo al financiamiento privado d campañas electorales
— Adriana Robreño (@AdrianateleSUR)
noviembre 19, 2015
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En este sentido, dentro de la sesión celebrada en el parlamento del país, la objeción recibió 251 votos de los legisladores de 257 necesarios para invalidar dicho veto. El reajuste se convirtió así en el tema central del Congreso donde algunos servidores judiciales se dieron cita para presionar a los legisladores.
Por su parte, el líder del gobierno en la Cámara de Diputados, José Guimaraes, saludó la votación asegurando que se evitó aumentar los egresos en la administración, lo cual garantizará la implementación del plan de ajustes y recortes en el ejecutivo.
“Mantener los vetos es fundamental para la estabilidad política y para ofrecer una señal positiva al país”, afirmó.
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La votación de estas objeciones posibilita al órgano parlamentario discutir la Ley de Directrices y de Presupuestos de 2016, la cual establece un superávit primario de 43 mil 800 millones de reales (11 mil 500 millones de dólares), que equivale al 0,7 por ciento del Producto Interno Bruto de Brasil.
Entre tanto, el periodista brasileño Francisco Leite, aseveró en exclusiva para teleSUR, que esta decisión ratifica además el buen funcionamiento de la base parlamentaria que apoya al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y que en el pasado estaba desarticulada.
“El Gobierno articulado con su base puede avanzar mucho pero necesita de un programa para que sus ciudadanos puedan participar de estas decisiones que favorecen al país”, agregó.
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