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La incertidumbre sobre los vetos ha generado un descenso en el real brasileño. La moneda ha perdido casi el 35 por ciento de su valor frente al dólar en lo que va de este año.

La incertidumbre sobre los vetos ha generado un descenso en el real brasileño. La moneda ha perdido casi el 35 por ciento de su valor frente al dólar en lo que va de este año. | Foto: EFE

Publicado 1 octubre 2015



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Los parlamentarios acordaron realizar el proceso de votación la próxima semana, cuando decidirán la aplicación de un reajuste del 78 por ciento del salario en los funcionarios del poder judicial.

El Congreso de Brasil pospuso este jueves el análisis de vetos presidenciales a proyectos que podrían provocar un salto en el gasto público y contradecir el plan del Gobierno de recortar fondos para equilibrar sus cuentas.

La decisión fue adoptada por el líder del Senado, Renan Calheiros, después de la ausencia a la sesión conjunta de esta jornada de diputados de la oposición, quienes respondieron a un pedido del presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien convocó a una reunión plenaria para la misma hora del análisis de las objeciones presidenciales. 

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El proceso de votación quedó pospuesto para la próxima semana, cuando se decidirá un reajuste de hasta el 78 por ciento de salario de los servidores del poder judicial, lo cual se contrapone con el plan de la administración federal de congelar los sueldos para ahorrar fondos.

La presidenta de ese país, Dilma Rousseff, rechaza este proyecto por considerar que un aumento de salarios generará nuevos gastos presupuestarios, en momentos en los que la administración federal busca no subir de manera temporal los salarios.

El Gobierno insiste en la necesidad de mantener el rechazo a las medidas legislativas, debido a que un derrumbe de la mayoría de estas invalidaría parte del proyecto de ajuste fiscal.

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Contexto
El pasado 23 de septiembre los legisladores decidieron mantener el veto de la presidenta Dilma Rousseff sobre un proyecto de ley que buscaba eliminar los impuestos de la seguridad social a las compras de combustible diésel.
Este le habría costado al Gobierno 64 mil 600 millones de reales (15 mil 950 millones de dólares) en ingresos perdidos hasta el 2019, según datos oficiales.

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