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El Gobierno colombiano declaró que necesitará una cantidad significativa de fondos internacionales para poder financiar el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Así lo dijo el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, quien declaró que la estimación de los fondos que serán necesarios se dará a conocer en un plazo de seis meses.
“La paz está más cerca de lo que nunca ha estado en cinco décadas, pero habrá costos”, precisó.
No especificó cuánto necesitaría el Gobierno, pero si aclaró que será “una cifra significativa”.
El funcionario colombiano expresó su esperanza en que la comunidad internacional ofrezca su apoyo a ese acuerdo ya que generará beneficios fuera del país, incluyendo una posible reducción del tráfico de drogas.
Explicó que la nación suramericana ha gastado, hasta el momento, una cantidad significativa de su presupuesto, alrededor de 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), en reparaciones a las víctimas del conflicto.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, resaltó este viernes la importancia del proceso de paz que se lleva a cabo para poner fin al conflicto armado en su país, del cual aseguró que traerá “altísimos dividendos en lo económico, social y ambiental”.
Al dirigirse a la plenaria de la Asamblea General de la ONU, Santos explicó que Colombia logrará la paz encaminándose, también, a los objetivos de desarrollo sostenible post 2015, que se aplicarán en los próximos 15 años.
“Somos conscientes que estos objetivos son parte fundamental de la paz”, expresó ante unos 160 jefes de Estado y de Gobierno.
EN CONTEXTO
Las FARC-EP y el Gobierno colombiano firmaron el miércoles un acuerdo de justicia y víctimas en La Habana, Cuba.
El convenio es la antesala de la firma del acuerdo final y el cese bilateral al fuego, una medida aprobada por el Congreso colombiano luego de fijar en la Constitución la posibilidad de acudir a mecanismos de justicia transicional, con el propósito de establecer penas alternativas a las que la ley contempla para castigar delitos atroces, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos.
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