Argentina apela fallo judicial sobre Citibank que impide pagos

El Gobierno de Argentina apeló el lunes el fallo emitido por la justicia estadounidense contra la institución financiera Citibank, que impide la cancelación de bonos de acuerdo con la interna del país, en el marco de pagos previo al vencimiento correspondiente a los últimos días del pasado mes de marzo.

"En el marco del litigio con los fondos buitre, la República Argentina apeló la orden del pasado 12 de marzo del Juez Griesa a través de la cual, insólitamente, extendió los efectos de las llamadas órdenes pari passu a bonos del canje regidos por Ley argentina, pretendiendo, de ese modo, impedir nuevamente que los bonistas reestructurados cobren lo que Argentina paga y les corresponde en territorio argentino", expresa un comunicado del Ministerio de Económica publicado por Télam.

De acuerdo con el texto oficial la decisión de Griesa pretende alcanzar la "deuda doméstica denominada en dólares, la que de ninguna manera puede ser alcanzada por la cláusula pari passu pues se trata de endeudamiento interno, regido por el derecho local".

A su vez el comunicado recuerda que la misma corte reconoció en resoluciones anteriores que no existían "bases para extender la orden a estos bonos; sin embargo, el 12 de marzo revirtió sus propias decisiones, excediendo, nuevamente, su jurisdicción".

Para el Gobierno argentino las decisiones de la justicia estadounidense atentan contra la estabilidad del sistema financiero global y al derecho internacional de cada país.

Según la carta de Economía el único objetivo de Griesa "es otorgar mayor poder de extorsión a los fondos buitres". En ese sentido el documento reitera que el jurista neoyorquino "no logró poner a Argentina en default, pretende ahora seguir perjudicando a los bonistas".

Por último el Gobierno argentino reitera que "agotará todas las instancias necesarias para defender sus derechos y el de los bonistas que de buena fe ingresaron a los Canjes de Deuda hasta que se arribe a una solución justa, equitativa, legal y sustentable para la República y para el 100 por ciento de sus acreedores".

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