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El juez norteamericano está empeñado en afectar a la República Argentina. (Foto: Archivo)

El juez norteamericano está empeñado en afectar a la República Argentina. (Foto: Archivo)

Publicado 7 noviembre 2014

Argentina rechazó el planteamiento del juez norteamericano Thomas Griesa, quien propuso la apertura del litigio en base a la claúsula “pari passu”, que obliga al pago simultáneo de la deuda de bonistas con y sin canje de deuda.

Los abogados de Argentina en el caso de los fondos buitre escribieron una carta al juez norteamericano Thomas Griesa desaconsejando la inclusión de más acreedores en el litigio por generar una "situación imposible" para el país suramericano, ya que elevaría el pago a bonistas sin canje a alrededor de 8 mil 100 millones de dólares.

Carmine Boccuzzi, representante de Argentina ante los tribunales estadounidenses, detalló que desde el 16 de junio de 2014 se concretaron 25 nuevas demandas en conexión con los reclamos existentes ante el juzgado distrital, por un total aproximado de 4 mil 700 millones de dólares.

El magistrado Thomas Griesa planteó esta semana la apertura del litigio en base a la cláusula 'pari passu', que obliga al pago simultáneo de la deuda de bonistas con y sin canje de deuda y que ponen de manifiesto "aún más la ineficacia” de la interpretación a aquellos bonistas que no aceptaron la reestructuración de deuda en 2005 y 2010, pero tampoco participaron en la demanda que lideran NML y Aurelius Capital en el Tribunal de Manhattan.

Para ello, Griesa volvió a citar al mediador Daniel Pollack, quien se encarga de las negociaciones para el pago de los mil 600 millones de dólares por parte de Argentina a los actuales litigantes, para que estudie qué acreedores tendrían derecho a iguales condiciones que NML y Aurelius.

"Las órdenes (del juez) solo han tenido un efecto negativo: han creado más litigios", indica el texto de los abogados.

Ese pago de 8 mil 100 millones de dólares, de acuerdo a la carta, pondría en peligro la estabilidad económica de Argentina, cuyas reservas "son de 28 mil 000 millones de dólares y deben ser usadas con objetivos macroeconómicos críticos".

Boccuzzi asegura también que, si bien la corte rechazó en su momento que el pago inicial de mil 500 millones de dólares fuera en contra de la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (LISE), esta nueva situación, si se integran los nuevos litigantes, "entra en conflicto con esta ley".

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