El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) advirtió este miércoles que la Procuradora General Thelma Aldana está “en situación de verdadero peligro” tras recibir hace una semana amenazas de muerte debido a sus esfuerzos por erradicar la corrupción de las élites políticas y económicas del país.
“Estamos ante una situación de peligro real con relación a la fiscal general de la Nación”, advirtió el colombiano Iván Velásquez, quien encabeza la CICIG, en entrevista con la estación de televisión local Guatevisión.
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Velásquez agregó que una campaña de difamación y las amenazas no sorprende porque es la “conducta normal” de grupos criminales que sienten atacados.
"Amenazas de esta naturaleza, así como los actos de represión en contra de personas que luchan por la justicia, son comunes en Guatemala desde 1954 con el golpe de Estados Unidos que derrocó al último gobierno democrático de verdad que ha tenido el país”, dijo a teleSUR Grahame Russell, director de derechos humanos de Rights Action.
"Es obvio que el objetivo de las amenazas y los actos de represión en contra de las personas que luchan a favor de la justicia en Guatemla es descarrilar cualquier esfuerzo por lograr justicia, particularmente cuando están implicados miembros de las élites políticas, militares y económicas”.
Aldana le dijo a CNN el 24 de junio que su integridad física está en riesgo, y le dijo que recibió amenazas de muerte de organizaciones criminales o de “poderes obscuros".
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El gobierno guatemalteco respondió a su denuncia otorgándole medidas de protección para ella y su familia.
Los autores de las amenazas no han sido identificados, pero de acuerdo con Jo-Marie Burt, de la WOLA (Oficina en Washington sobre Latinoamérica), están vinculadas al crimen organizado.
“Lo más seguro es que las amenazas provienen de mafias criminales que actualmente están bajo investigación” por corrupción, tales como La Línea, dijo Burt.
El escándalo de corrupción de La Línea es el que derrumbó al ahora encarcelado expresidente Otto Pérez Molina, su vicepresidente y otros 30 funcionarios de gobierno, quienes operaban una red masiva de fraude.