Académicos exhortan a aprobar ley contra la tortura en México

Académicos y especialistas instan al Gobierno Federal de México a aprobar  la "ley contra la tortura" y a minimizar al máximo sus modificaciones.

“El proyecto de ley general contra la tortura, enviado por el Senado a la Cámara de Diputados, establece una base mínima que no debería de sufrir modificaciones, salvo para incorporar estándares aún no previstos, y de ninguna manera realizar cambios que signifiquen un retroceso”, afirmaron.

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Según señalan, tal proyecto es resultado "de un largo e intenso proceso de trabajo que se ha enriquecido con la participación de un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil (...), incluso el Sistema Universitario Jesuita ha participado a través del envío de observaciones”, al igual que del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH-UNAM).

Sin embargo, el Gobierno mexicano ha rechazado las observaciones respecto al proyecto de ley de PUDH-UNAM. Un hecho que también preocupa altamente a los académicos y especialistas.

PUDH-UNAM sostiene que “es errónea la definición de tentativa. Si el sujeto ya inició la ejecución, ya no se trata de tentativa, sino que la tortura —por breve que sea— ya estará consumada”. Pero la Cámara de Diputados planteas que "No compartimos la observación planteada. Lo anterior se debe a que se confunden los elementos integradores de la figura de la tentativa con el delito consumado”.

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Entre otras observaciones de PUDH-UNAM, se solicita al Senado que modifique la fracción III del artículo 24 del proyecto con el fin de salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad y evitar cualquier interpretación de la ley que avale los tratamientos forzosos o experimentos científicos.

Para PUDH-UNAM, también es necesario eliminar del artículo 50, las excepciones a la regla de exclusión de pruebas ilícitas. Así como modificar los artículos 51 y 52 del proyecto, con el fin de homologar su contenido al Código Nacional de Procedimientos Penales y a las obligaciones internacionales de México.

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