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Publicado 4 mayo 2016

Habitantes de San Salvador de Atenco recuerdan la brutal represión que recibieron cientos de campesinos por parte de funcionarios federales. 

A 10 años de la represión policial en San Salvador de Atenco, México, que dejó dos muertos, cientos de heridos y 27 mujeres abusadas sexualmente, siguen saliendo a la luz casos similares que demuestran que esta práctica es común de las fuerzas de seguridad.

Así lo reseña el diario local Proceso al destacar que organizaciones civiles documentan nuevas violaciones por parte de funcionarios, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aún analiza si el Estado mexicano es responsable o no de la tortura sexual contra 11 de las 27 mujeres que denunciaron sus casos en los disturbios de Atenco en 2006.

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San Salvador de Atenco es una población del Estado de México. El 3 de mayo de 2006 cientos de campesinos fueron víctimas de la brutal represión policial por parte de la policía regional, quienes actuaron bajo la autorización del entonces gobernador, Enrique Peña Nieto.
Cerca de 500 campesinos de Atenco manifestaban porque en octubre de 2001 el presidente de México, Vicente Fox, anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco. Para lograrlo, el Gobierno tenía que expropiar casi cinco mil hectáreas de terrenos agrícolas, tierras que eran el sustento de un gran número de familias.
Foto: AP

A una década de lo ocurrido en Atenco y pese a la  impunidad que aún persiste por el caso, otros pueblos se mantienen firmes ante las violaciones de las autoridades estatales.

Habitantes de San Miguel Tocuila, del municipio de Texcoco, instalaron un campamento para impedir que se construya una autopista que conectaría hacia el aeropuerto internacional de México, lo que supondría también acabar con cientos de hectáreas fértiles para la agricultura,  informó el corresponsal de teleSUR en esa nación, Eduardo Martínez.

La situación podría tornarse tensa con la aprobación de la mal llamada Ley Atenco, (ley que regula el uso de la fuerza pública) que es discutida en el Parlamento, porque con ella el Estado busca legalizar las represiones policiales.

Foto: AP

Uno de los miembros de los pueblos en Defensa de la Tierra, César del Valle, dijo en entrevista exclusiva para teleSUR que a 10 años no hay justicia por el caso, “sigue imperando la impunidad, los culpables siguen libres, sobre todo el mayor culpable, Enrique Peña Nieto”.

Del Valle comentó que hasta los momentos solo han hecho algunas detenciones de supuestos policías, quienes alegan que ellos no estuvieron en ese operativo, pero destacó que "esto solo es una cortina de humo para decir que sí hay justicia; es mentira". 

"En nuestro país se violan constantemente los derechos humanos. Existe una clara impunidad por parte del Gobierno para que no se haga justicia, no hay culpables no se ha castigado a nadie”, denunció Del Valle.

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El defensor de las tierras mencionó que el Gobierno insiste en construir el proyecto aeroportuario, y se corre el riesgo de que vuelva a pasar la misma situación de hace 10 años.

En referencia a la mal llamada Ley Atenco destacó que con ella lo que el Estado busca es responsabilizar a los pueblos de esa violencia.


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