El bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV) anunció ayer su posición de defender el dictamen de minoría y su apego al pedido de una consulta popular para definir qué tipo de acuerdo quiere el pueblo que se lleve con los fondos buitre. Sin embargo, no fijó posición referente a si se dará o no quórum para tratar el dictamen de mayoría, el cual se aprobó anteayer con voto positivo del oficialismo junto al apoyo del Frente Renovador y del Bloque Justicialista.
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Referente a los 12 millones de dólares que se pretenden tomar para pagar a los fondos por el litigio de la deuda externa, el diputado Axel Kicillof apuntó: “Es una de las emisiones más grandes de los últimos 20 años de un mercado emergente, y es todo para dárselo a los buitres”.
Desde su perspectiva, el Congreso es ahora una especie de escribanía del juez Griesa, donde se realiza un tratamiento express del proyecto del oficialismo para hacerle frente al problema, pero que parece redactado más a partir de los intereses de los fondos demandantes, que del país.
Según detalló, el proyecto de presidente Macri abre las puertas a una nueva ola de juicios por parte del 93% de los bonistas que ingresaron al litigio, además de que el acuerdo solo contempla a la mitad del 7% de los fondos buitres que reclaman el pago de su deuda.
En este punto, Kicillof contrapuso a la propuesta del macrismo la propuesta del bloque del FpV, la cual calificó de "superadora", puesto que contempla pagar un monto equivalente a lo que abonaron aquellos que aceptaron el canje de 2005.
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Ese dictamen de minoría, es el que el bloque de diputados del FpV anunció el día de ayer que defendería durante la sesión de Diputados que se llevará a cabo el martes próximo; al tiempo que se sumarán a la propuesta realizada por el PTS-Frente de Izquierda, que presentó Myriam Bregman, de hacer una consulta popular para que el pueblo sea el que acepte o rechace el acuerdo alcanzado con los buitre, y así se determine el deseo de la mayoría de los ciudadanos.
En este sentido, el dictamen de minoría del FpV ofrece concluir el proceso de reestructuración, adecuando los servicios de dicha deuda a las posibilidades de pago del Estado nacional; y respetando los términos y condiciones legales y financieros que se fijen entre ambas partes, se apeguen a los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y declarados de Orden Público Nacional por el Congreso.
En contexto
Los fondos buitres, conformados por acreedores extranjeros, reclamaron para el 2011 y 2012 el pago de una deuda adquirida por Argentina valorada en 300 millones de dólares. Además de la cancelación del 100%, exigieron el pago de intereses, una exigencia que el juez de Nueva York, Thomas Griesa, apoyó.