Un gigante insumiso bajo asedio: la cruzada Trump contra las elecciones de Brasil
A través de amenazas arancelarias y presiones contra las instituciones judiciales y electorales de Brasil, Washington busca imponer su agenda y favorecer tanto sus propios intereses como a sus subordinados de derecha en el país sudamericano.
El presidente Lula da Silva rechazó las medidas de EE.UU. contra las instituciones brasileñas por considerarlas «arbitrarias e ilegales». Además, instó reiteradamente a la Casa Blanca no interferir en las elecciones brasileñas. Foto: EFE
2 de octubre de 2026 Hora: 08:06
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La Administración Trump ha convertido a Brasil en blanco de su política de presión e injerencia en América Latina. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington ha recurrido a amenazas arancelarias, sanciones y cuestionamientos contra instituciones y autoridades brasileñas, y ha tenido entre sus principales objetivos al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y al sistema judicial del país.
Las acciones estadounidenses, vinculadas también a la defensa del expresidente Jair Bolsonaro (sancionado por actos golpistas), han abierto un nuevo frente de tensiones diplomáticas y puesto en el centro del conflicto la defensa de la soberanía brasileña frente a las pretensiones de la Casa Blanca.
Presiones contra la justicia brasileña
El Departamento de Estado estadounidense ha emprendido una campaña de descrédito contra el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quien llegó a calificar de «tóxico» para las empresas de su país. Las descalificaciones forman parte de las presiones de Trump contra la justicia brasileña por el proceso penal contra Bolsonaro, sancionado a más de 27 años de cárcel por participar en un intento de golpe de Estado para impedir la llegada de Lula al poder.
La ofensiva de Washington encontró una respuesta en agosto pasado, cuando el ministro Flávio Dino advirtió que las leyes y decisiones judiciales extranjeras no pueden producir efectos en territorio brasileño sin el examen previo de las autoridades competentes. El magistrado subrayó que cualquier actuación al margen de ese procedimiento supondría una vulneración de la soberanía nacional, en un contexto marcado por los intentos de Estados Unidos de extender sus medidas coercitivas más allá de sus propias fronteras.
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¿En qué consiste la Ley Magnitsky?
La Ley Magnitsky constituye uno de los instrumentos de coerción extraterritorial empleados por Washington para sancionar a ciudadanos extranjeros a quienes acusa de cometer violaciones de DD.HH. o actos de corrupción.
Contempla el bloqueo de activos sujetos a la jurisdicción estadounidense y restricciones para efectuar operaciones financieras, medidas que permiten al Gobierno de EE,UU. ejercer presión sobre personas e instituciones fuera de su territorio.
Moraes ya fue objeto de estas medidas en julio de 2025, cuando el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones en su contra. Meses después, las restricciones se extendieron a su esposa, Viviane Barci, en una decisión que profundizó las tensiones entre ambos países y amplió el alcance de las represalias de Washington contra el entorno del magistrado.
En diciembre de ese mismo año, EE.UU. levantó las sanciones contra la pareja, en el marco de esfuerzos diplomáticos para recomponer las relaciones bilaterales. La revocación representó un revés para Bolsonaro y sus familiares, quienes habían desplegado intensas gestiones para promover medidas punitivas contra el juez que encabezó actuaciones judiciales en su contra.
La libertad de expresión como pretexto para presionar a Brasil
En otra maniobra de presión contra las autoridades brasileñas, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una medida de la administración Trump destinada a restringir el ingreso a EE.UU. de funcionarios extranjeros a quienes Washington responsabiliza de vulnerar la libertad de expresión y de prensa.
La disposición apuntó, en particular, contra quienes impulsaron restricciones a plataformas tecnológicas estadounidenses, como X, propiedad del magnate Elon Musk, y fue utilizada para justificar represalias contra De Moraes.
En aquel momento, De Moraes encabezaba actuaciones judiciales contra la difusión de noticias falsas y contenidos antidemocráticos en las redes sociales. Entre sus decisiones figuró la suspensión temporal de X en Brasil, después de que la empresa incumpliera órdenes judiciales, entre ellas las relacionadas con la eliminación de publicaciones y el nombramiento de un representante legal en el país.
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La medida se produjo en medio de una ofensiva de desinformación que utilizó las redes sociales para difundir noticias falsas y contenidos manipulados con el propósito de influir en el electorado y favorecer los intereses de Jair Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022, cuando Lula da Silva obtuvo la victoria.
Rubio justificó la postura de Washington con el argumento de que «la libertad de expresión es esencial a nuestro modo de vida, un derecho innato sobre el cual los Gobiernos extranjeros no tienen autoridad». Sin embargo, la defensa de ese principio por parte de la Casa Blanca contrasta con sus propias actuaciones contra medios de comunicación críticos.
En septiembre de 2026, Trump ordenó excluir a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca, a los que acusó de difundir noticias falsas, decisión que restringió su acceso a la cobertura presidencial y que un juez federal bloqueó temporalmente por considerar que vulneraba la Constitución estadounidense.
La contradicción pone en entredicho la pretendida defensa universal de la libertad de prensa que Washington invoca para cuestionar las decisiones de otros países. Mientras la Administración Trump utiliza ese argumento para desacreditar a jueces brasileños y amenazar con sanciones a quienes considera responsables de limitar la actividad de empresas estadounidenses, aplica medidas restrictivas contra medios de su propio país cuando sus coberturas resultan incómodas para el stablishment.
La ofensiva arancelaria de Trump contra Brasil
La Administración Trump convirtió la política arancelaria en una herramienta de presión contra Brasil. En julio de 2025, la Casa Blanca impuso gravámenes del 50 por ciento a las importaciones brasileñas, bajo una declaración de «emergencia nacional» que justificó con acusaciones de censura contra plataformas tecnológicas estadounidenses y supuestas persecuciones a figuras políticas.
La medida, que afectó los vínculos comerciales entre ambos países, fue posteriormente anulada por la Corte Suprema de EE.UU., que a principios de 2026 determinó que el mandatario había excedido sus atribuciones al establecer esos aranceles.
Lejos de abandonar su ofensiva comercial, Washington modificó su estrategia y recurrió a la Sección 301 de su Ley de Comercio para imponer nuevas barreras a los productos brasileños.
El 22 de julio de 2026 comenzó a aplicarse un arancel del 25 por ciento a unos 3.000 productos brasileños. La Casa Blanca sustentó la decisión en acusaciones de prácticas comerciales desleales, restricciones al etanol estadounidense y daños ambientales asociados con la deforestación ilegal en la Amazonía.
La medida no quedó ahí: pocos días después, Washington elevó hasta el 37,5 por ciento las tarifas para determinados sectores bajo el argumento de nuevas investigaciones relacionadas con el trabajo forzoso.
Sin embargo, la Casa Blanca excluyó del paquete arancelario varias mercancías fundamentales para el abastecimiento de su propio mercado, en un intento de evitar mayores alteraciones en las cadenas de suministro y el encarecimiento de los productos para los estadounidenses, tema clave de cara a las elecciones de medio término, en noviembre próximo.
Entre los bienes exentos figuraron el café, la carne de res, las naranjas, el jugo de naranja, el petróleo, el gas y los componentes aeroespaciales, incluidas las aeronaves. En contraste, sectores como el acero, el aluminio y la madera quedaron expuestos a importantes perjuicios económicos por las restricciones comerciales.
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Lula da Silva rechazó estas medidas por considerarlas «arbitrarias e ilegales» y respondió activando la Ley de Reciprocidad, que permite a Brasil adoptar contramedidas frente a acciones comerciales unilaterales de otros países.
Washington lleva la injerencia electoral al terreno diplomático
En julio de 2026, el Gobierno brasileño rechazó las solicitudes de ingreso de dos altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, una decisión que abrió un nuevo frente de confrontación diplomática entre ambos países, en vísperas de las elecciones presidenciales.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió la medida y acusó a los representantes de Washington de pretender entrometerse en los asuntos internos de Brasil y condicionar el proceso electoral.
Los visados fueron denegados a Riley M. Barnes, secretario adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y a su homólogo Samuel Samson. La supuesta misión de observación electoral constituía, en realidad, una nueva maniobra de injerencia de Washington en los asuntos internos de Brasil, amparada en un discurso de defensa de los DD.HH. y la libertad de expresión.
Bajo ese pretexto, la Administración Trump busca introducirse en el proceso político brasileño, alimentar sospechas sobre la transparencia de sus instituciones y sentar las bases para desacreditar los resultados electorales en beneficio de sus aliados de la derecha.
Entre los encuentros previstos figuraba una reunión con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal rival de Lula en los comicios de octubre de 2026.
El legislador derechista ha cuestionado reiteradamente al Tribunal Superior Electoral (TSE), una postura que ha encontrado respaldo público en Trump. Para las autoridades brasileñas, autorizar la entrada de los delegados habría significado dar cobertura institucional a una operación externa dirigida a desacreditar el proceso electoral y favorecer los intereses de sectores opositores subordinados a la Casa Blanca.
La negativa de los visados provocó una reacción inmediata de Washington, que respondió con medidas de represalia y profundizó el deterioro de las relaciones bilaterales. Entre ellas destacaron:
- Retirada del visado a la embajadora brasileña: el Gobierno estadounidense revocó la visa de Maria Luiza Ribeiro Viotti, representante diplomática de Brasil en Washington. Aunque la decisión no implicó su expulsión formal del territorio estadounidense, constituyó una señal de endurecimiento de la postura de la Casa Blanca frente a Brasilia.
- Congelamiento de las relaciones diplomáticas: Washington paralizó el proceso de aprobación de nuevas credenciales diplomáticas y frenó el avance de las negociaciones bilaterales.
Autor: teleSUR: idg - JDO
Fuente: Agencias
