La desinformación generalizada y un total de 139 ataques dirigidos a candidatos, instituciones y periodistas marcaron las elecciones generales de Perú, según concluyó un informe conjunto que advierte que la calidad democrática del país andino depende de evitar la normalización de estas prácticas en los comicios venideros.

El estudio fue elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) y la Misión Técnica de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Perú, instituciones que analizaron rigurosamente los hechos ocurridos entre enero y mayo en torno al proceso electoral del pasado 12 de abril.

Como saldo de la investigación, se documentaron 139 incidentes distribuidos en 18 regiones y en el espacio digital, los cuales comprendieron 43 casos de intimidación o acoso, 35 de desprestigio y estigmatización, 30 de discurso de odio, 21 de criminalización o judicialización, 18 agresiones físicas, 17 amenazas, 14 hechos de discriminación y racismo, 14 de acoso político, 9 amenazas de muerte y 8 de censura o bloqueo informativo.

El documento enfatiza que la violencia electoral contemporánea ya no se limita a enfrentamientos físicos, sino que combina hostigamiento digital, estigmatización, filtración de datos privados y presión sobre funcionarios y periodistas para erosionar la competencia democrática libre.

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En este contexto, la secretaria general de la Cnddhh, Tania Pariona, denunció los graves comentarios discriminatorios sufridos por la candidata a la vicepresidencia de Juntos por el Perú, Brígida Curo, a causa de su identidad andina, mientras que el informe también detalla que figuras como el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y el candidato presidencial Rafael López Aliaga padecieron amenazas de muerte, acoso domiciliario y exposición de datos personales.

Otro de los ejes críticos señalados es el uso masivo de granjas de bots y bulos en redes sociales para manipular la intención de voto, un fenómeno que Pariona calificó como una posible red coordinada de alteración de la opinión pública que requiere una pronta investigación parlamentaria y judicial.

El informe concluye que proteger la integridad electoral exige garantizar que la ciudadanía forme su voluntad política libre de coacción, discriminación e intimidación, planteando un llamado urgente a las autoridades para impedir que estas tácticas se repliquen en las elecciones regionales y municipales de 2026 y futuros procesos.

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