Una organización de la sociedad civil salvadoreña ha encendido las alarmas sobre la gestión de las reservas de bitcoin por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador.

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Según la entidad, la opacidad en los procesos de compra, custodia y registro de este activo digital genera un escenario propicio para eventuales actos de corrupción y el manejo discrecional de los fondos del erario.

A pesar de que el país se convirtió en septiembre de 2021 en la primera nación del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, las alertas cobran mayor relevancia ante las contradicciones detectadas entre el discurso de acumulación oficial y las exigencias internacionales.

El argumento principal planteado por la ONG radica en la ausencia de mecanismos formales de rendición de cuentas; las adquisiciones de criptoactivos por parte del Estado suelen ser informadas de forma periódica a través de publicaciones en redes sociales, omitiendo la entrega de informes contables contrastables.

De igual manera, se advierte sobre la inexistencia de auditorías independientes o de la Corte de Cuentas que garanticen la existencia y resguardo de los fondos, así como la falta de información clave sobre el origen de los recursos, las cotizaciones de compra y la identificación de las billeteras oficiales.

Por otra parte, al tratarse de un activo al portador, el control de las claves privadas que custodian la criptomoneda carece de salvaguardas públicas, lo que dificulta comprobar si los activos se han movilizado a destinos no declarados.

La polémica se intensifica tras el viraje regulatorio acordado en 2025 entre el Ejecutivo salvadoreño y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de un programa de financiamiento por 1.400 millones de dólares; dicho pacto estipuló recortar la exposición estatal a la criptomoneda, eliminar su obligatoriedad de aceptación comercial y limitar el empleo de partidas presupuestarias para nuevas adquisiciones.

Analistas y representantes de la sociedad civil cuestionan con qué autorización y bajo qué esquema presupuestario se continúan efectuando las compras informadas por la administración pública.

Asimismo, la reciente valorización del bitcoin tras registrar trimestres con rendimientos positivos ha incrementado la presión sobre el Ejecutivo, al considerarse que, a mayor volumen financiero, más rigurosos deben ser los controles sobre la administración de los recursos estatales.

Las autoridades del gobierno de El Salvador, hasta el momento, no han emitido una respuesta oficial que responda directamente a las exigencias de transparencia y trazabilidad sobre sus reservas digitales.

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