Brasil: piden investigar apoyo de EE.UU. a campaña de interferencia política y contra Tribunal Supremo Federal
La Abogacía General de la Unión solicitó una investigación inmediata e identificar a receptores de fondos en Brasil. Subrayó que fondos públicos de EE.UU. estarían destinados a interferir en el debate político en el país.
Lula en Bahía, este mes de septiembre. El mandatario ha abordado en varias ocasiones los riesgos de injerencia extranjera en las elecciones. En el reciente debate general de la Asamblea General de la ONU, reafirmó que Brasil se juega el 4 de octubre entre la democracia o el retroceso, y condenó las campañas de desinformación e injerencia externa en los comicios del país sudamericano. Foto: PT.
1 de octubre de 2026 Hora: 20:28
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La Abogacía General de la Unión (AGU), entidad constitucional encargada de representar judicial y extrajudicialmente al Estado federal de Brasil, solicitó este jueves a la Policía Federal y la Fiscalía General investigar si hubo financiamiento de Estados Unidos a grupos locales para interferir en el debate político en medio de las elecciones y atacar la legitimidad del Tribunal Supremo Federal (STF).
El pedido llega luego de que medios de prensa informaran que la Administración de Estados Unidos asignó un millón de dólares (5.2 millones de reales) a un proyecto para financiar organizaciones que desafíen al STF y se opongan a lo que la Casa Blanca llama «excesos judiciales» de esa institución.
El miércoles, el diario británico The Guardian publicó una investigación según la cual el Gobierno estadounidense ha desviado más de 175 millones de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia (HRDF) del Departamento de Estado a una lista de premios a organizaciones y grupos para impulsar la agenda de extrema derecha al extranjero. El STF estaría entre los objetivos de esa campaña.
La publicación de The Guardian no especifica a cuáles organizaciones estarían dirigidos los fondos, pero recuerda los ataques de la Administración Trump a decisiones del Supremo brasileño o las sanciones a Alexandre de Moraes y otros magistrados de ese órgano.
Washington también ha impuesto aranceles a productos brasileños y ha abierto investigaciones por supuestas prácticas comerciales desleales, en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Brasilia, en medio de denuncias por injerencia electoral.
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En julio pasado, Brasil negó visas a dos funcionarios del Departamento de Estado, señalados por The Washington Post como responsables de una estrategia para cuestionar la integridad del sistema electoral brasileño.
En septiembre, un informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) reveló que Estados Unidos (EE.UU.) intervendría en las elecciones presidenciales de Brasil del 4 de octubre próximo con el objetivo de reorientar la visión política y económica de América Latina.
Brasil: Abogacía del Estado pide identificar a receptores
A raíz de la más reciente publicación sobre el fondo de premios financieros del Departamento de Estado para promover agendas de derecha en el extranjero, y su vinculación al escenario de Brasil cuando faltan tres días para la fecha de elecciones, la Abogacía General de la Unión advirtió sobre la gravedad de la información.
La AGU señaló que los recursos públicos estadounidenses habrían sido destinados a financiar redes y organizaciones en territorio de Brasil con el fin de interferir en el debate político y «desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño».
La institución solicitó la «inmediata» investigación de los hechos y la identificación de los responsables y los receptores de los fondos en suelo brasileño.
«De confirmarse, la recepción de capital extranjero para promover ataques ordenados y sistemáticos contra la soberanía nacional y el funcionamiento de las instituciones del país podría poner de manifiesto una estructura de injerencia externa en los asuntos internos del Estado brasileño», señalan los oficios enviados por la AGU a la Policía y a la Fiscalía.
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El fondo de EE.UU. para la agenda de Trump
Según las revelaciones publicadas por The Guardian esta semana, los recursos desviados de un fondo de derechos humanos a un presupuesto para proyectos de derecha incluyen apoyo a un grupo que promueve los derechos afrikáners blancos en Sudáfrica, la campaña contra el Tribunal Supremo de Brasil y programas que recompensarían a aliados ideológicos en Europa que protegen las «normas civilizacionales occidentales».
El miércoles (fecha límite, según la legislación que autoriza el fondo, para asignar el dinero), el Departamento de Estado obligó a asignar los premios a los beneficiarios a pesar de las preocupaciones del Congreso y las peticiones de no hacerlo, dijo a The Guardian una fuente familiarizada con las negociaciones.
El plan provocó resistencia en el Congreso. La senadora Jeanne Shaheen, máxima representante demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, mantuvo bloqueos sobre 10 financiaciones por un total de 22 millones de dólares que involucraban a Brasil, Sudáfrica, Nigeria, Reino Unido y otros países europeos, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, firmó un memorando ignorando los bloqueos. El miércoles, horas antes de que expirara el plazo para utilizar el dinero del fondo, el Departamento de Estado asignó los fondos a los beneficiarios.
Los críticos de la decisión de la Administración Trump se han centrado en 43 premios, por 176.9 millones de dólares —de un total de 205 millones de dólares de financiación que el Congreso ha asignado para todo el Fondo de Derechos Humanos y Democracia (HRDF)—, que están destinados a fortalecer causas de derechas y conservadoras en todo el mundo.
Ese paso, señaló el diario británico, podría incluos «enfadar a los aliados estadounidenses por la injerencia en la política interna».
Añadió que, de acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, las subvenciones fueron impulsadas personalmente por miembros de la Administración y «reflejan intereses que incluyen las advertencias de JD Vance sobre el colapso de los valores occidentales tradicionales en Europa y la presión de Stephen Miller contra la inmigración y el apoyo a las minorías blancas en países como Sudáfrica».
La lista de premios financieros, según la versión, incluye proyectos en países ricos y otros centrados en la oposición a la regulación, el Brexit, la inmigración, el anticomunismo, la protección cristiana y la oposición a la llamada ideología de género, «ofreciendo una ventana a cómo la Administración Trump está redefiniendo lo que califica como derechos humanos y merece decenas de millones de dólares en ayuda exterior estadounidense».
La congresista Shaheen dijo que el Congreso asignó esos fondos de forma bipartidista para apoyar derechos humanos, pero las propuestas del Gobierno de Trump los usarían «para promover organizaciones y programas de extrema derecha en democracias consolidadas».
«Esto es un desperdicio de recursos y socava los valores y las relaciones de Estados Unidos con socios democráticos, incluidos aliados en Europa», advirtió la principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
La mayor subvención (40 millones) fue destinada a una organización anticomunista. Un programa titulado «Promoviendo aliados de la civilización occidental» recibió dos millones. En el caso de este último, el documento que establece los fondos indica que estaría limitado a quienes no suscriban «relatos ideológicamente militarizados de los derechos humanos, como la ideología de género», y que los posibles beneficiarios estarían en Polonia, Eslovaquia, República Checa, Hungría y los Balcanes, con enfoques «anticomunistas» y de «derechos naturales».
Otro premio se asignó para documentar el «retroceso democrático» en Europa vinculado a la «migración masiva e ilegal» y la legislación de «entidades supranacionales», y se destinó un millón de dólares para un consorcio periodístico que se planea cuestione la clasificación de ciertos medios como fuentes «creíbles».
Autor: teleSUR - DE
Fuente: The Guardian - Agencia - @jorgemessiasagu
