El Congreso de España debate este viernes los dos reales decretos ley sobre vivienda aprobados días atrás por el Consejo de Ministros para frenar la especulación inmobiliaria y proteger el derecho a la vivienda de la clase trabajadora. En las inmediaciones del Legislativo, cientos de ciudadanos se movilizaron para presionar a los diputados a que aprueben ambas normativas y ayuden a cumplir lo consagrado en la Constitución.

Bajo la consigna «No nos vamos, nos quedamos», los manifestantes convocados por el Sindicato de Inquilinas reclaman a los diputados acabar con el rentismo mientras los miles de personas que desde hace días acampan en la madrileña Plaza del Sol consideran la posibilidad de convocar una huelga general.

Horas atrás, la oposición pidió al Gobierno que encabeza Pedro Sánchez retirar los dos reales decretos, pero La Moncloa respondió que los mantendrán en la agenda parlamentaria por la complejidad de una situación que afecta en particular a los trabajadores, a los jóvenes y a los adultos mayores, y por la imperiosa necesidad de hallar soluciones concretas para brindar certeza y estabilidad y poner fin a los desahucios. Se estima que a nivel nacional se cometen más de 25.000 desalojos de inquilinos al año.

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De acuerdo con pronunciamientos hechos el jueves y opiniones vertidas durante el debate, el Partido Popular (derecha), Vox (ultraderecha) y el partido conservador catalán Junts votarán en contra de las normativas.

Una parte de los miles de activistas acampados desde el 26 de septiembre en la Plaza del Sol se movilizaron hacia el Congreso de los Diputados. La vocera del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, consideró muy grave que la derecha política obstaculice la aprobación de ambos decretos y llamó a la huelga general.

Las protestas comenzaron días atrás, cuando una pyme buitre, Urbagestión, desalojó de su vivienda a Maricarmen Abascal, mujer octogenaria con discapacidades, que llevaba 70 años residiendo en una casa en Madrid y que no pudo abonar el alquiler tras un incremento de casi 500%.

¿Qué medidas recogen los decretos?

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Entre los ejes centrales, los decretos establecen la renovación automática e ilimitada de los contratos de arrendamiento, equiparándolos a la estabilidad de un derecho laboral indefinido, siempre que el inquilino cumpla con el pago de las rentas.

Asimismo, contemplan una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos vigentes que expiren antes del 31 de diciembre de 2028, beneficiando de forma directa a cerca de cinco millones de personas.

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En materia de protección social, se extiende la suspensión de los desahucios para familias en condición de vulnerabilidad hasta el año 2030.

A la par, se combate el fraude en los alquileres de temporada y por habitaciones, exigiendo a los arrendadores justificar causas reales para evitar que estos formatos se empleen como mecanismo para encarecer de forma desmedida los precios.

​Freno a los fondos buitre y regulación de precios

Para desalentar el uso especulativo de la vivienda, las disposiciones prohíben hasta 2028 la adquisición de inmuebles residenciales y carteras de deuda hipotecaria por parte de fondos buitre y empresas del sector inmobiliario.

En el plano fiscal, se incrementa del 15 al 25% la tributación sobre los beneficios no distribuidos de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMIs). Se trata de empresas dedicadas a comprar y vender viviendas, que buscan rápidos réditos para beneficiar a sus accionistas.

​Adicionalmente, el Ejecutivo plantea tope a las subidas de los alquileres del 2% y la congelación de precios en aquellos contratos que superen el índice de referencia legal.
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En el ámbito del turismo y la gestión municipal, se aplica un IVA del 10% a las viviendas de uso turístico y se otorga potestad a los ayuntamientos para imponer penalizaciones de hasta el 10% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a pisos vacíos o destinados al mercado turístico que pertenezcan a grandes tenedores.

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