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El último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de Paraguay destaca la grave situación de las personas privadas de libertad y el sistema de justicia del país suramericano.
De acuerdo al organismo encargado de reforzar y colaborar con la protección de las personas privadas de libertad y en situación de encierro, las situaciones de violación a los derechos humanos son representativas y sistemáticas a las personas que viven en estas condiciones.
La impunidad de la tortura y malos tratos en personas privadas de libertad contribuye al empeoramiento de esta práctica en instituciones policiales y penales de Paraguay, según la institución.
Asimismo, de acuerdo a un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, en Paraguay se violan los derechos humanos en varias áreas, al señalar que la Policía y los militares fueron responsables de algunas muertes que involucraron el uso de fuerza no autorizada y excesiva.
Horacio Cartes y los derechos humanos
Desde los primeros meses del Gobierno de Horacio Cartes se registraron denuncias de desalojos violentos, atropellos a ciudadanos y violaciones.
Uno de las primeras leyes en modificar al llegar al poder fue la Ley de Defensa y Seguridad Interna, aprobada por el Parlamento, la cual le otorgaba poderes al Ejecutivo para combatir al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo.
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A partir de la incursión de policías y militares en el norte del país con la justificación de compartir al grupo insurgente, ha habido varias denuncias por violaciones y atropellos a las comunidades campesinas.
De acuerdo con la Misión Observadora Internacional de derechos humanos, tras estos hechos se observó un "grave retroceso" en esa materia.
"La misión constató que, con el argumento de la persecución al enemigo interno (Ejército del Pueblo Paraguayo) desde el primer estado de excepción decretado en el 2010, el Estado ha profundizado sus prácticas represivas", indicó un informe preliminar que dio a conocer en 2013.
La organización Servicio Paz y Justicia - Paraguay (SERPAJ-PY) a través de uno de sus informes de investigación, indicó que “los hechos violatorios de la dignidad de la vida de campesinos y campesinas en la zona norte militarizada, representan pruebas fehacientes del accionar de un Estado, que con prácticas autoritarias, a través de las armas y la violencia, busca la desaparición de organizaciones y personas que luchan por una sociedad sin exclusión y sin desigualdades” .
En el año 2015 se realizó un violento desalojo por parte de la fiscalía, sin una orden judicial. La situación afectó a unas 250 familias y 150 campesinos resultaron imputados, reseñó el portal Resumen Latinoamericano.
En 2016 fueron sentenciados a prisión 11 campesinos por el caso a masacre de Curuguaty, ocurrida cuatro años antes. La decisión fue rechazada porque solo fueron procesados los campesinos imputados por el deceso de los agentes, mientras que ninguna autoridad involucrada ni las circunstancias de la caída de los labriegos fue investigada.
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Organizaciones sociales se movilizaron para denunciar la violación de los derechos humanos en el país, tras recordar a los 11 campesinos que fueron sentenciados a prisión sin pruebas por el caso y exigían una reforma agraria. Asimismo, denunciaron que los trabajadores del campo y las comunidades indígenas son expulsados de sus territorios.
El 3 de enero se produjo un desalojo de familias en Guahory, en Caaguazú, la cual estuvo marcado por una extrema violencia que culminó con unos 20 heridos y varios campesinos detenidos. Todos fueron liberados tras una movilización frente al Ministerio del Interior en la Asunción, capital paraguaya.
"La atención y la paciencia hacia el campesinado y los pueblos indígenas en el Gobierno de Cartes son inexistentes", escribió en un análisis para Resumen Latinoamericano, Luis Rojas y añadió que el mismo presidente afirmó que pueden pedirle cualquier cosa, excepto tierra, "esta es para quienes tienen dinero y poder".
Gustavo Ibarra, periodista e investigador en un artículo afirma que en Paraguay "los ejes generacionales en materia de derechos humanos políticos, sociales y culturales, la evaluación institucional hacia el Gobierno del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial es notoriamente pésima".
