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Durante años una práctica conocida comúnmente como “limpieza social” continúa apoderándose de los barrios populares de las principales ciudades de Colombia.

A través de un documento titulado “Limpieza social, una violencia mal nombrada”, resultado de una investigación conjunta del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional (Lepri) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH),  se demuestra que al menos 4 mil personas han sido asesinadas por la “limpieza social” en Colombia durante 25 años, desde 1988 a 2013.

Inicios 


Su autor, Carlos Mario Perea, experto en temas urbanos desde hace al menos 20 años, realizó un análisis del fenómeno de exterminio social, que se ha convertido en una práctica sistemática en la sociedad colombiana desde hace al menos 40 años. 

El autor explicó que a los atracadores en Pereira, departamento de Risalda- Colombia- a finales de los años 70, les marcaban sus manos y su cara con una tinta roja, “esa era su sentencia de muerte”.

Los marcados con ese sello comenzaban a aparecer tirados en las calles de la capital risaraldense. “Así comenzó lo que hoy se conoce como 'limpieza social', un término que debería ser más conocido como exterminio”. 

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La limpieza política


La limpieza política se refiere al asesinato sistemático de personas que están haciendo militancia de algún tipo y que se pueden clasificar como partidarios de movimientos opositores, también es una práctica frecuente en Colombia. 

Uno de los mas claros ejemplos de Limpieza Política es el caso de la Unión Patriótica (UP) en el que fueron exterminados alrededor de 5 mil militantes. Otras fuerzas políticas como el Frente Popular y A Luchar también corrieron con la misma suerte y cientos de sus militantes y dirigentes fueron literalmente borrados del mapa.

Carlos Mario Perea comparó la situación de Colombia con el exterminio judío perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que dejó una cifra de más de seis millones de muertos, o el apogeo del racismo que vivió Estados Unidos (EE.UU.) durante más de 30 años.

En el caso colombiano, se trata de un exterminio que tiene como escenario principal ciudades o poblaciones de más de mil habitantes, y sus victimarios son grupos ilegalmente conformados que, por falta de presencia del estado, deciden tomarse la justicia por sus propias manos. 

Responsables


“Limpieza social, una violencia mal nombrada” destacó el papel que han tenido la insurgencia, los paramilitares y agentes del Estado en este exterminio. Según los registros, la actuación de la guerrilla es menor.

De acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), único organismo en Colombia que ha recopilado las cifras de este fenómeno en el país, solamente el 3 por ciento -145 personas- de los homicidios los cometió la insurgencia armada.

"Mientras que los paramilitares hicieron de la ‘limpieza social’ una operación sistemática. Además de llevar a cabo un trabajo contrainsurgente, hacían limpieza social, en un intento de ganar audiencia entre la población, para que los aceptaran", manifestó Carlos Mario Perea.

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“Justicia Popular”


Perea precisó que cuando el estado no es capaz de intermediar en conflictos de convivencia o cuando ni siquiera existen las capturas de quienes provocan los enfrentamientos y menos el inicio de procesos judiciales, aparece lo que se denomina “justicia popular”.

Según testigos, en 2004, jóvenes de la localidad Ciudad Bolívar agredieron a una muchacha de 15 años del colegio Lara Bonilla, que además se encontraba en embarazo.

El autor explicó que la asesinaron, le sacaron el bebé y “la dejaron tirada en el río Tunjuelito. Fue entonces cuando el padre de la niña conformó el grupo los Calvos, junto con otros padres de familia, para hacer justicia y vengar su dolor”.

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Para Perea, el estado desafortunadamente cumple un papel “nefasto”. “Hay una multitud de indicios recogidos en la investigación que indican con claridad que la policía participa en el exterminio social en barrios de las periferias”.

Para lograr un cambio en la sociedad colombiana, Perea continúa proponiendo que el problema se convierta en un tema de debate y de dominio público. “Que la justicia ejerza todo su rigor. Se necesita que la sociedad no lo permita”.

 

 


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