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El padre indicó que en 2015 se registraron mil 889 violaciones a los derechos humanos en ese país.
Más de la mitad de mil 889 violaciones a los derechos humanos registradas en Colombia el año pasado fueron cometidas por “paras”, lo que evidencia que el paramilitarismo, contrario a lo que se afirma, sigue vivo en el país.
Así advirtió el padre Javier Giraldo a la revista Semana al exponer las conclusiones del informe anual sobre derechos humanos elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Populares (Cinep).
"El accionar paramilitar ha sido sistemático, 2015 fue el año de la amenazas y 2016 será el año de los asesinatos" https://t.co/ape3USiOCw
— CINEP/PPP (@CINEP_PPP) 13 de abril de 2016
El padre señaló que en este momento el paramilitarimo es un problema muy serio para las negociaciones de paz que se vienen desarrollando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) en La Habana, Cuba, porque el Gobierno se ha dedicado a decir que eso ya no existe y que los paramilitares se desmovilizaron.
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“El paramilitarismo no solo sigue siendo un problema, sino que está creciendo de una manera muy preocupante y precisamente está creciendo en la perspectiva de los acuerdos de paz”, dijo Giraldo.
Para Giraldo la solución del problema es que "haya una decisión política del Gobierno y del Estado de evitar la convivencia entre paramilitares y fuerza pública. Los paramilitares deben ser perseguidos, y cualquier actuación conjunta con el Ejército y la Policía, debe ser castigada".
La relación del paramilitarismo con las élites se mantiene
El padre jesuita detalló que esas violaciones a los derechos humanos registradas en 2015 se dieron por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social lo que implica amenazas, atentados, desapariciones, torturas y violencia sexual, entre otros delitos.
En años anteriores los paramilitares trabajaban más articulados con el Ejército, la Policía y otros agentes del Estado, pero ahora tienen mayor peso propio, acotó.
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Esto no quiere decir que sean autónomos porque “precisamente la palabra paramilitar se diferencia de las Bacrim (bandas criminales) en eso, en que su cercanía a algunas fuerzas del Estado hace que no se puedan remitir al campo de la delincuencia común”.
“Nuestro informe evidencia que no es cierto que las Bacrim hayan desplazado a los paramilitares, sino que estos siguen vivos”, afirmó.
Señaló, además, que la relación de estos grupos con las élites locales no ha cambiado y sigue siendo la misma como es el caso de complicidad con el sector minero.
Bogotá es una de las más afectadas
Giraldo también recordó que en el pasado hubo muchos despojos de tierras por parte de los paramilitares y ahora hay rumores de que quieren reconquistarlas por medio de testaferros o víctimas que son cooptadas por ellos.
Refirió que Bogotá es una de las zonas mas afectadas por los crímenes paramilitares, sobre todo en la zona sur donde hay muchos desplazados y refugiados.
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La presencia del paramilitarismo en la ciudad y su fortalecimiento se debe a que desde el gobierno anterior, el de Álvaro Uribe Vélez, hubo negociaciones con líderes paramilitares a escala nacional para que crearan el Bloque Capital y “desde esa época se viene organizando el paramilitarimo en la ciudad y fortaleciendo sus actividades".
En contexto
El padre Javier Giraldo lleva más de 30 años de trabajo con la comunidad jesuita en defensa de los derechos humanos en Urabá. El expresidente Álvaro Uribe lo señaló como colaborador de las FARC y desde entonces se han incrementado las amenazas en su contra.
Durante los tres primeros años del Gobierno de Uribe Vélez, entre 2002 y 2005, más de un millón de campesinos fueron desplazados por los llamados escuadrones de la muerte.
Entre 2002 y 2010 los ocho años de gobierno de Uribe Vélez, 61 parlamentarios fueron condenados por vínculos con el paramilitarismo, todos de la coalición de Gobierno. En esos ocho años hubo 4 mil casos de falsos positivos y el Departamento de Seguridad (DAS) fue utilizado para perseguir a la oposición y para armar complots contra el sistema judicial.
El Consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Arias, advirtió este sábado que el fortalecimiento del paramilitarismo en varias regiones constituye una amenaza para la tranquilidad de las comunidades y la construcción de la paz del país.
Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) esperan cerrar en el actual ciclo de negociaciones de paz un acuerdo sobre garantías de seguridad y desmonte del paramilitarismo.
