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Las medidas neoliberales del gobernante Partido Popular presentan una serie de similitudes heredadas del franquismo que le rinden honor a la férrea dictadura de Francisco Franco.
Desde el 1° de julio está vigente en España la Ley Mordaza, que supone fuertes restricciones en el derecho a la protesta. Durante la dictadura de Franco en España existió desde 1963 hasta 1977 el Tribunal de Orden Público, amparado en la ley homónima que reprimía conductas consideradas por el régimen como delitos políticos.
La ley franquista condenaba "aquellos delitos cometidos en todo el territorio nacional, cuya singularidad era subvertir, en mayor o menor gravedad, los principios básicos del estado o sembrar la zozobra en la conciencia nacional".
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Pero la ley Mordaza no tiene nada que envidiarle a la franquista: ambas contemplan la creación de un registro central de infracciones contra la seguridad ciudadana para controlar la "reincidencia" de los sancionados. Ese órgano dependerá del ministerio del Interior, excepto en las comunidades con policía autonómica que tendrán sus propios registros.
/>En 1931, se proclamó la Segunda República Española, que sustituyó la monarquía y representó una victoria popular para el pueblo, debido a que posteriormente en la Guerra Civil se resistieron los ataques del bando “nacionalista” liderado por Franco.
Del 17 al 23 de julio de 1936 se ejecutó el golpe de Estado que venía gestándose tiempo atrás, con el apoyo de los dictadores Adolf Hitler (Alemania) y Benito Mussolini (Italia).
Franco llegó al poder en un contexto de extrema miseria para España y su dictadura fue el principal resultado de la Guerra Civil española (1936-1939). Encontró un país sin recursos y destruido después de tres años del conflicto bélico en el que él participó por el bando de los nacionalistas y, posteriormente, concentró todo el poder en su figura durante los siguientes 40 años.
Pero el franquismo no terminó con la muerte de Franco. El dictador dejó a su heredero: el ahora rey emérito Juan Carlos I, que históricamente ha mantenido las políticas irregulares en cuanto a las investigaciones de los crímenes cometidos en dictadura.
En 1969, Franco quería nombrar oficialmente a Juan Carlos como su sucesor rompiendo las reglas dinásticas que estipulaban que Juan de Borbón y Battenberg, legítimo heredero del rey Alfonso XIII, debía ocupar el trono. Sin embargo, Juan Carlos tomó posesión oficial el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco.
Juan Carlos I fue declarado príncipe por Franco y también asumió la jefatura de Estado en reiteradas ocasiones mientras el dictador estaba enfermo. Juan Carlos I acompañó a Franco en múltiples actos oficiales. El actual rey emérito asumió oficialmente el 27 de noviembre de 1975.
Aunque la cifra no es precisa, asociaciones de víctimas de la dictadura denuncian la desaparición de 114 mil personas y el robo de unos 30 mil niños durante el franquismo.
El exjuez español Baltasar Garzón denunció en 2015 que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo caso omiso a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que las instituciones del país investiguen los crímenes del franquismo.
El Gobierno español no ha aportado a la reivindicación de las víctimas de la dictadura ni promueve profundizar en las investigaciones de los crímenes. La Comisión de la verdad, constituida por más de 100 organizaciones que agrupan a los familiares de las víctimas de la dictadura, ha exhortado al Gobierno de Rajoy a investigar los crímenes y subrayan que España incumple sus compromisos con los derechos humanos.
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