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Analistas internacionales consideran que tras la aprobación del juicio político contra la mandataria brasileña Dilma Rousseff, la nación se expone a un periodo de transición que podría echar por tierra muchos de los beneficios sociales alcanzados en los periodos de gobierno populares.
El especialista Beto Almeida dijo en entrevista exclusiva para teleSUR, que para el pueblo y en especial para los movimientos sociales de izquierda, las próximas semanas se traducen en una lucha constante y obligatoria en la calle para hacer ver a los brasileños y al resto del mundo a lo que están expuestos tras la separación de la Jefa de Estado del poder.
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Recordó que el ahora presidente interino, Michel Temer, anunció un programa de gobierno y un gabinete ministerial que no solo podría atentar contra los logros sociales alcanzados en los últimos años, sino que ir en detrimento del deseo de los más de 54 millones de votantes que eligieron un gobierno popular y no neoliberal.
Expresó que las conquistas de la masa trabajadora se ven amenazadas, pues Temer ha comunicado en diversas ocasiones que hará cambios de relevancia en la política interna de Brasil. Esto, sin contar que en cuanto al manejo de las relaciones con otros países también habrá una agenda distinta.
La complicidad de las instituciones
La doctora y abogada internacionalista, Carol Proner, llamó la atención sobre la mirada ciega del poder judicial en la nación suramericana, que no interfirió, no opinó ni tampoco fijó postura con respecto a los eventuales vicios que acompañaron el proceso de activación del impeachment.
Declaró que es necesario para el país despertar la conciencia democrática, pues quien será el encargado de la administración del país no fue electo por el pueblo.
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"Si se analiza bien lo que está en juego, entonces algunas acusaciones formales contra la mandataria también fueron cometidas por Temer (...) porque si estuvo en el mismo mandato de Rousseff, firmó papeles y aprobó decretos, es posible que sea corresponsable en el sentido contable", sostuvo la especialista.
Proceso de transición
Proner manifestó que Brasil inicia desde el juicio político, un proceso de transición en el cual el vicepresidente asume funciones de presidente interino y podrá hacer cambios de importancia y consideración para la ciudadanía, la más afectada tras el impeachment.
"Él busca implementar nuevos ministerios y un gobierno algo diferente al proyecto de Rousseff (...) se implementa otro tipo de gobierno sin elecciones y cada vez es más claro que se trata de un golpe blando que utiliza las fuerzas institucionales, la Fiscalía y el poder jurídico en pleno para minar poco a poco las fuerzas de un Estado caracterizado por la inclusión social", dijo.
En tal sentido, subrayó que es importante tomar en cuenta el ejemplo de Brasil "porque se trata de una interferencia de las instituciones élites, del capitalismo mismo, en un Gobierno para hacer acuerdos sin esperar elecciones, porque en un evento comicial hay oportunidad de que haya continuidad de un gobierno popular y no de uno neoliberal".
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Proner expresó que a su juicio, el desespero de la derecha brasileña ante los cuatro mandatos sucesivos de gobiernos de inclusión, hizo que la derecha presionara por un impeachment.
La composición política podría crear un modelo peligroso que amenace las bases sociales de la nación y es lo que motiva la reflexión de los movimientos sociales, según la analista, quien, además, manifestó que "lo que vienen no son sólo 180 días sin Rousseff, sino podrían ser muchos más dada la agenda interna que busca promover un retraso durante el juicio político".
"El problema es que se busca atribuir la corrupción solo a los partidos, líderes y movimientos de izquierda (...) es una forma de criminalización de la izquierda (...) de politizar la corrupción, cuando la mandataria ha sido la promotora del castigo a este delito y ha fortalecido los cuerpos policiales e instituciones judiciales".
Para la abogada, Temer tiene en su agenda acabar con los programas sociales, en especial los de salud y educación, conclusión a la que llega analizando los discursos del líder, los cuales describió como "antisociales".
En contexto
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se vio obligada a separarse de su cargo por un período no mayor a 180 días, luego de que el Senado aprobara la ejecución del juicio político con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado).
Durante este tiempo, las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas que no fueron presentadas ni en la Cámara baja, ni en el Senado, para la aprobación del juicio político, proceso considerado por los analistas como un golpe de Estado.
A Rousseff se le acusa de la supuesta violación de normas fiscales al presuntamente incurrir en maniobras contables "ilegales" para "maquillar" los resultados del gobierno en 2014 y 2015, además de modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
