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La compra se produce cuando Guatemala tiene un índice de desnutrición infantil mayor al de Haití.

La compra se produce cuando Guatemala tiene un índice de desnutrición infantil mayor al de Haití. | Foto: Prensa Libre

Publicado 9 julio 2019



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Mientras el ministro de Defensa asegura que no es una compra, sino parte de un convenio, diputados y analistas consideran la operación un fraude.

La organización Acción Democrática de Guatemala denunció penalmente al presidente guatemalteco, Jimmy Morales, por la compra de dos aviones de guerra, también conocidos como Pampa III, a la Fábrica Argentina de Aviones (FadeA), que ha desatado un gran polémica en el país centroamericano.

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La organización, en compañía de la oposición de Morales, citaron además al ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, al de Finanzas Públicas, Victor Manuel Martínez Ruiz y otros altos cargos para que den una explicación del motivo de la compra y de dónde saldrá el dinero para costearlos.

Una de las causas del rechazo a esta costosa compra, de casi 30 millones de dólares, son los niveles de desnutrición infantil que tiene Guatemala, sobrepasando los de Haití, pudiendo invertir ese dinero en planes de nutrición y alimentación para la población infantil del país. 

Entretanto, el ministro de la Defensa, aseguró en un intento por explicar los motivos, que no se trata de una compra si no una adquisición y señaló que a pesar que no es una compra venta, se pagarán 28 millones de dólares a FadeA.

“No es una compraventa porque en los convenios internacionales no está contemplada la compraventa como tal, es un convenio para fabricación y suministro de un sistema de defensa aéreo”, reiteró Ralda.

Ralda destacó que la adquisición de estos aviones serán de gran ayuda para atacar el narcotráfico.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Martínez Ruiz ya señaló que Guatemala no cuenta con los recursos para esta adquisición, sin embargo, el presidente Morales y el ministro Ralda  insisten. 

La utilización del convenio de cooperación con Argentina, y su modificación, para poder hacer la adquisición evitó que el Ejecutivo siguiera el proceso a través de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que diputados y analistas consideran un fraude, reportó el diario Prensa Libre en su página web.

Para Ralda, esto no ocurrió porque se trata de un convenio internacional y que “el artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que todo lo que se adquiera a través de convenios o donaciones deberá ser publicado al recibir el suministro en el portal de Guatecompras”.

No obstante, Eddie Cux, abogado de Acción Ciudadana, entidad que denunció penalmente al presidente Morales por esta adquisición, asegura que dicho artículo -54- se refiere a las compras que se efectúan a través de la Cancillería o de las embajadas y no aplica en este caso.

Para el abogado, el uso del convenio de cooperación le da “una apariencia de legalidad para evadir la Ley de Contrataciones”, por lo que la Contraloría y el Ministerio Público deberían comenzar una investigación de oficio y fiscalizar dicha compra.

También Enrique Álvarez, integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia, dijo que un convenio internacional no da la potestad al gobierno para evadir leyes; además, el mismo convenio firmado en 1980 indica que cada país debe apegarse a su legislación, por lo que se debe cumplir con la Ley de Contrataciones.
 


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