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Tanto el exmandatario como otros exfuncionarios están acusados de formar una organización criminal, destinada a saquear los recursos del Estado.

Tanto el exmandatario como otros exfuncionarios están acusados de formar una organización criminal, destinada a saquear los recursos del Estado. | Foto: La Hora

Publicado 24 julio 2018

La defensa del exmandatario buscaba que se invalidara la participación de los sindicados Víctor Hugo Hernández, Rogelio Chay Sontay, María del Carmen Valencia Espinoza, Ingrid Marisol Dávila y Miguel Martínez Solís.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo de Guatemala rechazó este lunes una apelación que presentó el expresidente Otto Pérez Molina en contra de cinco convenios de colaboradores eficaces en el Caso Cooptación del Estado.

La defensa del exmandatario buscaba que se invalidara la participación de los sindicados Víctor Hugo Hernández, Rogelio Chay Sontay, María del Carmen Valencia Espinoza, Ingrid Marisol Dávila y Miguel Martínez Solís. Sin embargo, la Sala rechazó la apelación y confirmó los convenios mencionados.

César Calderón, abogado del expresidente Otto Pérez Molina, expresó que aún no había sido notificado de la resolución de la Sala y no pudo precisar cuáles eran los argumentos por los cuales se presentó el recurso de apelación.

En tanto, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad manifestó que no tenía conocimiento del recurso de apelación y únicamente se limitó a informar que las personas antes descritas fungieron como colaboradoras en Cooptación del Estado.

En el caso hay cerca de 50 personas vinculadas a proceso penal, entre ellas, Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

El caso

Según investigaciones de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los exgobernantes y otros exfuncionarios, particulares y empresarios, integraban una presunta organización criminal.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) cuenta con 657 folios de medios escritos y 580 medios de prueba material para respaldar los señalamientos, que detallan que diferentes entidades públicas fueron cooptadas para constituir “una maquinaria para lavar cifras millonarias”.

Una parte de los recursos obtenidos de esas operaciones irregulares habrían sido destinados al financiamiento de la campaña electoral el Partido Patriota en el año 2011, por medio de la cual Pérez y Baldetti llegaron al poder.

>> MP de Guatemala pide que casa de Pérez Molina pase al Estado


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