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La Ley IVE fue largamente exigida por diferentes actores de la sociedad civil argentina, principalmente organizaciones femeninas.

La Ley IVE fue largamente exigida por diferentes actores de la sociedad civil argentina, principalmente organizaciones femeninas. | Foto: EFE

Publicado 29 enero 2021



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Aprobada el 30 de diciembre pasado, la nueva Ley IVE representa una conquista de las luchas feministas en Argentina

Una jueza de la provincia del Chaco, en Argentina, suspendió este jueves la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), como respuesta a una medida cautelar presentada por particulares vinculados a la Iglesia Católica, quienes plantearon una supuesta inconstitucionalidad en la despenalización del aborto.

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A cargo del Juzgado número 19 en lo Civil y Comercial de la ciudad de Resistencia, está la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, quien dictó la medida. Este es el principal embate judicial desde que el Congreso Nacional aprobó la ley 27.610 en diciembre pasado.

Los demandantes solicitaron en su recurso la declaración de inconstitucionalidad de la norma y citaron los artículos 15, inciso 1, de la Constitución de Chaco que garantiza “el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción de las personas”.

Hilda Beatriz Dellamea junto a otros referentes de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA) conforman el grupo que hizo la apelación. Ellos se autodefinen como "una comunidad de laicos y sacerdotes que a través de la formación y el compromiso procura evangelizar y construir la patria".

La resolución de la magistrada revela que, al tratarse de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, “debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana".

La nueva ley IVE –aprobada el pasado 30 de diciembre en la cámara ala del Congreso de la Nación Argentina por 38 votos afirmativos contra 29 negativos y una abstención–, legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación y a partir de los 16 años. La aprobación fue un hecho histórico de la larga lucha de los movimientos feministas para que el derecho al aborto se hiciera en condiciones de salud y sin penalizaciones.

En cambio, los sectores conservadores del país han rechazado la norma. Incluso, a poco de convertirse el proyecto en ley, el ministro de Salud en Argentina, Ginés González García, reconoció que la legalización “no será fácil de aplicar”. Sin embargo, remarcó que los derechos de los ciudadanos y la salud no deben ser postergados por cuestiones religiosas.


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