Ciudadanos de los países de Granada y de Antigua y Barbuda votaron por seguir supeditados al Comité Judicial del Consejo Privado, como última instancia judicial de apelaciones, en el referendo llevado a cabo en ambas naciones este martes.
De esta manera, y a través de un referendo, los dos países caribeños decidieron mantener al Consejo Privado.
En Antigua y Barbuda, esta opción venció en las urnas con un 52,04 por ciento de los votos, en rechazo a la Corte de Justicia del Caribe (CCJ), la que solo obtuvo el 47,96 por ciento de las preferencias, en un referendo con baja participación: apenas de un 33, por ciento del electorado.
La enmienda constitucional propuesta, que no se aprobó, habría convertido a la CCJ en el tribunal de apelación final, en reemplazo del Consejo Privado, cuya sede se encuentra en Londres, capital de Gran Bretaña.
Someterse a la justicia del Consejo Privado representa para muchos la continuidad de los tiempos coloniales, cuando varios países del caribe pertenecían a la corona inglesa. Sin embargo, solo cuatro de los 15 estados miembros de la Comunidad del Caribe, Caricom, tienen a la CCJ como máximo tribunal: Dominica, Guyana, Belice y Barbados.
Además, se demanda que el Consejo Privado no facilita el acceso a la justicia para los caribeños, ya que viajar a Londres es un impedimento imposible de sortear para la gran mayoría. Asimismo, y por razones geopolíticas, existen denuncias de interferencia en los procesos judiciales y falta de imparcialidad de los jueces.
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