Golpistas mantienen persecución política en Bolivia

A 16 días de consumarse el golpe de Estado en Bolivia, el Gobierno de facto mantiene la persecución política contra líderes del Movimiento al Socialismo (MAS) y, en paralelo, impulsan acuerdos con los sectores sociales y parlamentarios para supuestamente avanzar en la nueva convocatoria a elecciones. 

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Desde que Morales ganó las elecciones presidenciales en 2005, el MAS se ha mantenido como el partido con mayor apoyo popular, sin embargo, ahora sus líderes se enfrentan a cargos por supuestos delitos cometidos en el marco de la afrenta antidemocrática consumada por la derecha el pasado 10 de noviembre. 

El presidente boliviano Evo Morales, asilado en México, denunció este martes la judicialización de los líderes sociales y políticos en ese país desatada tras el golpe de Estado.

"Llegaron al poder por traidores y manipuladores, no son la mayoría. El pueblo les juzgará", aseveró este martes a través de su cuenta en Twitter el mandatario derrocado por la violencia opositora. 

Añadió que la oposición en ese país persigue a los líderes políticos "porque electoralmente saben que están derrotados".

La oposición en Bolivia desconoció los resultados de las elecciones celebradas el 20 de octubre, que dieron la victoria a Morales con 10 puntos porcentuales de ventaja, suficientes para descartar una segunda vuelta.

Sin embargo, la oposición política en ese país desconoció los resultados, denunció un supuesto fraude sin presentar prueba e inició una campaña violenta, que obligó a Morales y a su vicepresidente Álvaro García Linera a renunciar a sus cargos. 

Ambos líderes pidieron entonces detener los ataques a militantes y seguidores del MAS, sin embargo, la junta golpista instalada en el poder arreció sus acciones y en los siguientes 10 días hubo 30 muertos y miles de heridos y detenidos. 

Este lunes, la Fiscalía de facto emitió una orden de aprehensión contra Juan Ramón Quintana, quien fue ministro de la Presidencia de Evo Morales, bajo los cargos de "sedición", "instigación a delinquir" y "financiamiento del terrorismo".

El político boliviano es responsabilizado, como otros tantos, de supuestamente alentar las manifestaciones populares en diferentes ciudades para rechazar la autoproclamación como presidenta interina de la senadora Jeanine Áñez. 

La persecución contra Quintana fue anunciada públicamente como "una cacería" por Arturo Murrillo, ministro del Gobierno facto.  

Asimismo, el mandatario en el exilio fue acusado por estos mismos delitos, tras la aparición de un video en el que se escucha supuestamente a Morales hablando por teléfono con un dirigente cocalero para promover bloqueos de vías. 

"Denuncio al gobierno de facto en Bolivia por crear un montaje con intención de hacerme un juicio internacional", afirmó el mandatario mediante un tuit al conocer sobre la demanda penal. 

También este lunes fue detenida Deisi Choque, excandidata del MAS por la ciudad de Montero en el departamento de Santa Cruz.

La dirigente se encontraba ofreciendo una entrevista en su casa cuando llegaron agentes de seguridad y la detuvieron frente a las cámaras.

“Yo estoy, por lo menos para demostrar mi libertad; quiero decirle acá a los compañeros: yo no me estoy escapando, estoy en mi casa, siempre he estado en mi casa”, aseveró Choque ante los medios de comunicación. 

Entretanto, varios funcionarios del Gobierno de Morales han acusado al Gobierno de facto de rechazar las solicitudes de asilo a su favor, bajo el argumento de que existen procesos penales en los que están involucrados. 

En medio de este escenario, Morales destacó este martes la resistencia frente al "odio fascista" que han tenido los habitantes de El Alto, el Trópico y el movimiento indígena de Bolivia. Aseveró que estos "son la reserva moral" de ese país.