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El excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano es juzgado por la matanza de sacerdotes jesuitas en 1989.

El excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano es juzgado por la matanza de sacerdotes jesuitas en 1989. | Foto: EFE

Publicado 11 mayo 2019

Organismos defensores de los derechos humanos de El Salvador celebraron la solicitud hecha por la Fiscalía de la Audiencia Nacional española.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitó 150 años de cárcel contra el excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, acusado de haber participado en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en El Salvador en 1989.

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Montano, de acuerdo con la Fiscalía, participó “en la decisión, diseño o ejecución" del asesinato de los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, así como del sacerdote salvadoreño Joaquín López y de las colaboradoras Julia Elba y su hija menor, Celina Mariceth Ramos.

Según las investigaciones, la masacre las perpetraron elementos del  batallón Atlacatl, del ejército del país centroamericano, en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), el 16 de noviembre de 1989, dentro de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Montano fue entregado por Estados Unidos a España en 2017, luego que la Audiencia Nacional se consideró competente para investigar la matanza, bajo el principio de justicia universal para crímenes de lesa humanidad.

Tras conocerse la petición del Ministerio Público español, grupos defensores de los derechos Humanos de El Salvador expresaron su satisfacción.

El coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro, externó su alegría por la solicitud.

"Lo que queremos es que se haga justicia y reparación", manifestó Montenegro.

David Ortiz, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), declaró por su parte que si la Audiencia Nacional española ha solicitado 150 años de cárcel contra el militar retirado “es porque se apega al marco normativo legal" y por la gravedad de las acusaciones.


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