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La resolución instó al presidente de la comisión a que evite emplear una normativa procesal ordinaria, ajena y no prevista dentro de los procedimientos parlamentarios.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de Ecuador aprobó este viernes una resolución que exige a la comisión que tramita el juicio político contra el presidente del país, Guillermo Lasso, cumplir con las normas y plazos establecidos, a fin de no entorpecer el proceso.
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El CAL se reunió de manera virtual para analizar el estado de trámite de juicio político contra el jefe de Estado, por el presunto delito de peculado, y cuya notificación habría demorado en la comisión de Fiscalización.
La resolución instó al presidente de la comisión a que evite emplear una normativa procesal ordinaria, ajena y no prevista dentro de los procedimientos parlamentarios.
El Consejo de Administración Legislativa aprobó una resolución que exige a la comisión de @FiscalizacionAN siga el debido proceso, respecto a la sustanciación del #JuicioPolítico en contra del presidente @LassoGuillermo.
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) April 7, 2023
El #CAL se mantendrá vigilante del proceso. pic.twitter.com/iogBzEB06m
El texto del CAL insistió en que el comité de Fiscalización y Control Político debe de aplicar “de manera directa y sin dilaciones” la normativa que corresponde al procedimiento de juicio político al Presidente de la República, de acuerdo con los ordenamientos legislativos.
“En tal virtud debe abstenerse de generar cualquier intento de entorpecer, dilatar y obstaculizar el debido proceso dentro del procedimiento establecido para el efecto”, mencionó la resolución.
Además, advirtió que el incumplimiento de los procedimientos parlamentarios trae como consecuencia la afectación al derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.
El CAL llamó a la ciudadanía, medios de comunicación y academia a estar vigilantes de las acciones y los procedimientos que se aplican en la Comisión de Fiscalización, a fin de que no se menoscabe o se atente contra la seguridad jurídica y se vulnere la Constitución y la Ley.
