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El Gobierno de Ecuador pidió al FMI un monto de 4.200 millones de dólares para financiar su negativo margen fiscal.

El Gobierno de Ecuador pidió al FMI un monto de 4.200 millones de dólares para financiar su negativo margen fiscal. | Foto: @Lagarde

Publicado 1 marzo 2019

La Defensoría del Pueblo ecuatoriana exigió al Gobierno de Lenín Moreno que informe a la población sobre el estado del proceso de suscripción y condiciones del acuerdo con el FMI.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador pidió este viernes al Gobierno de Lenín Moreno que transparente la información del acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El ente exigió que se hagan públicos los documentos que establecen las condiciones impuestas por el FMI para prestar a la administración del presidente Moreno unos 4.200 millones de dólares.

La Defensoría del Pueblo de esa nación señala que, tras anuncio del acuerdo con la organización financiera internacional, “a la fecha no ha trascendido ni se ha hecho público para la sociedad en su conjunto el texto del acuerdo, tampoco sobre el proceso de suscripción y menos aún sobre las condiciones que los organismos internacionales de crédito han acordado con el Gobierno ecuatoriano para concretar los créditos anunciados”.

El órgano estatal recordó que, considerando el impacto que las condiciones de estos acuerdos podrían tener en la población ecuatoriana, es obligación del Estado ecuatoriano proteger los derechos económicos, sociales y culturales, garantizar su desarrollo progresivo e impedir la regresión en su contenido.

Recordó que el Artículo 419 de la Constitución del Ecuador establece expresamente que todo tratado internacional que comprometa “la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales” requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional, previo dictamen de la Corte Constitucional, tal como lo dispone en el Artículo 439 numeral 1 de la norma suprema.

Por su parte, el ministro de Finanzas de Ecuador, Richard Martínez, aseguró que este acuerdo no requiere una aprobación del Legislativo. 

“El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo no corresponde al ordenamiento jurídico que determina la Constitución, el Código de Planificación y Finanzas Públicas porque estamos hablando de un convenio de financiamiento y debe ser aprobado por el Comité de deuda y no requiere de una aprobación de la Asamblea”, afirmó Martínez en una entrevista radial”, remarcó. 


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