La investigación implica a 728 funcionarios públicos en acciones ilegales, principalmente del Ejército y la Policía de Colombia.
La Procuraduría de Colombia entregó este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe que recoge los delitos cometidos por agentes de Estado durante el conflicto social y armado durante el período de 1990-2005.
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El procurador colombiano, Fernando Carillo, manifestó que el documento lleva el nombre de "Aportes desde la investigación disciplinaria a la justicia y la verdad en contextos de transición" y reseña que un total de 3.574 personas fueron asesinadas por polícías y militares colombianos.
Carrillo precisó que la mayoría de quienes sufrieron amenazas, torturas, homicidios, masacres y desapariciones forzadas por parte de los agentes del Estado fueron líderes políticos o campesinos.
#AEstaHora, la Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) le entrega a la @JEP_Colombia un informe sobre procesos disciplinarios que esta entidad adelantó por conductas relacionadas con el conflicto armado entre los años 1990 a 2005. pic.twitter.com/rbvLt8FiM7
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 30, 2019
"Esta es la oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con los ideales de la @JEP_Colombia, con todo lo que representa un futuro de reconciliación distinto y con la construcción de memoria y verdad, procesos necesarios en un país en transición a la paz", indicó el procurador.
La investigación implica a 728 funcionarios públicos en acciones ilegales, principalmente del Ejército y la Policía de Colombia.
Asimismo reúne los patrones de conducta y acciones de los funcionarios públicos de Colombia, registra avances de 2181 procesos disciplinarios abiertos a esos agentes por parte de la Fiscalía General de la Nación.
"El abuso de autoridad, el apoyo, impulso o connivencia con grupos paramilitares, y la estigmatización de personas en el proceso de búsqueda y persecución de grupos guerrilleros", enfatizó Carrillo.
El informe se suma a otro presentado el pasado 11 de diciembre de 2018, donde se contabilizaron 1588 procesos disciplinarios contra funcionarios públicos en todas las procuradurías de Colombia.