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Las FARC-EP entregaron a la persona retenida en una zona rural del Catatumbo, en el departamento Norte de Santander.

Las FARC-EP entregaron a la persona retenida en una zona rural del Catatumbo, en el departamento Norte de Santander. | Foto: @DefensoriaCol

Publicado 4 septiembre 2020


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La Defensoría del Pueblo de Colombia apreció el hecho como un gesto de intención para alcanzar la paz en el país.

Disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) entregaron este viernes a la Defensoría del Pueblo y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) a Anderson Arcila Ocampo, a quien retenían desde el 25 de julio pasado.

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La liberación del joven transcurrió en una zona rural del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste del país) y en ella participaron varios combatientes de ese grupo armado, cuyo gesto de intención para la paz fue saludado por el titular de la Defensoría, Carlos Camargo Assis.

"Celebro liberación de Anderson Arcila Ocampo, tras 41 días de cautiverio y ratifico el compromiso humanitario de la Defensoría para acompañar procesos que regresen a la libertad a todos los secuestrados", aseguró Assis.

Mediante un mensaje difundido a través de la red social Twitter, el funcionario ratificó el compromiso humanitario de dicha institución con procesos como el que tuvo lugar durante esta jornada.

Concluida la entrega, el CIRC trasladó a Ocampo a un centro asistencial para evaluar su estado de salud y luego hasta la ciudad de Cúcuta, cabecera departamental, para que se reencuentre con su familia.

El jefe de la subdelegación de esta organización en Bucaramanga, en el vecino departamento de Santander, Nicolás Lenssens, declaró que "seguimos trabajando para ayudar a los que más nos necesitan", y que estas operaciones son posibles gracias al diálogo y la confianza generados con los actores armados y "la neutralidad que rige nuestra labor humanitaria".

Con anterioridad, el 20 de agosto, disidencias de las FARC-EP entregaron a otros dos retenidos desde finales de julio pasado, Robinson y Albeiro Arcila, ante una Comisión de la Defensoría del Pueblo, el CIRC y la Iglesia Católica.

Durante varios años el Gobierno de Colombia y las FARC-EP mantuvieron un diálogo para concertar un Acuerdo de Paz, enfocado en el cese de los enfrentamientos armados y en que el Estado garantice derechos fundamentales del pueblo, como vía para superar la pobreza y el abandono institucional que lo obligaron a tomar las armas.

Aunque el Acuerdo de Paz se firmó en septiembre de 2016 y meses después los efectivos de las FARC-EP entregaron sus armas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un grupo de combatientes no se acogió a la desmovilización y otro anunció la creación de una nueva guerrilla debido a lo que consideran incumplimientos del Ejecutivo de Iván Duque con el Acuerdo.

Pese a ello, un sector de las FARC-EP se mantiene desmovilizado y apuesta por la paz mediante la participación política pacífica, a través del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que nació en agosto de 2017 y en octubre de ese año fue reconocido jurídicamente.


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