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Según los sindicatos en el Congreso colombiano se tramita el proyecto de Ley 010 que acabará con los regímenes especiales de salud conquistados por los trabajadores.

Según los sindicatos en el Congreso colombiano se tramita el proyecto de Ley 010 que acabará con los regímenes especiales de salud conquistados por los trabajadores. | Foto: EFE

Publicado 3 septiembre 2020


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La disposición disminuye hasta un 35 por ciento los ingresos de los trabajadores en las nuevas contrataciones laborales.

El Decreto 1174 sobre "pisos de protección social", promovido por el Gobierno de Iván Duque, es una regresión en las garantías laborales, según indicaron en un comunicado varias organizaciones sindicales colombianas.

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Según el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias Giraldo, este hecho atenta contra el derecho de asociación, “pues cuando el patrono vea que se están sindicalizando los trabajadores no los vuelve a llamar, logrando debilitar su organización”. Asimismo destacó que se acaba la indemnización por terminación unilateral del contrato, pues la flexibilidad lo termina.

“Todos los trabajadores en esta nueva modalidad se adscriben al Sisbén y a un microseguro por riesgos laborales y por tal todo el régimen de pago de incapacidades y licencias, las pierde el trabajador. Prohibido enfermarse o accidentarse, pues no recibirá ingresos”, destacó Arias Giraldo en un texto publicado por medios locales.

Por su parte, varias organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Federación de Educadores anunciaron la decisión de suspender su participación en la Misión de Empleo. Por el contrario, demandarán el Decreto 1174 ante el Consejo de Estado por considerarlo un decreto de reforma laboral y pensional.

Asimismo se ha convocado a manifestaciones contra el decreto, entre las que se incluye una caravana nacional en vehículos, bicicletas y motocicletas este lunes a las 10H00 (hora local). Además, en redes sociales se han mostrado reacciones contra esta política:

 

En su comunicado, las centrales obreras alegan que el decreto acaba la jornada de trabajo de ocho horas, impone el trabajo por horas y días y acaba con el salario mínimo legal. Asimismo, añaden que “es la destrucción legal del trabajo formal y la entronización de la ilegalidad bajo la protección de la Ley”.


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