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Defensoría del Pueblo precisa que desplazamiento de personas creció 107 por ciento y el familias lo hizo en 213.
La Defensoría del Pueblo de Colombia dio a conocer este miércoles que 15.644 personas (5.266 familias) fueron víctimas de desplazamiento forzado en diversas regiones de ese país durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 debido al accionar violento de grupos armados ilegales.
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En un informe publicado en su sitio web, la oficina precisó que en comparación con similar periodo de 2020 el desplazamiento forzado de personas creció en 107 por ciento (se pasó de 7.542 a 15.644), mientras que el de familias lo hizo en 213 (de 1.682 a 5.266).
Denuncia además que 10.065 personas (2.454 familias) de 38 comunidades fueron obligadas a confinarse “ante el temor de las afectaciones a su vida e integridad”, entre ellas ocho de afrodescendientes y cuatro indígenas.
En el tercer trimestre de 2021 se registraron en el país 21 casos de desplazamiento forzado que afectaron a más de 15.600 personas, un incremento del 213% en relación con el mismo periodo del año pasado. Comunicado ���� https://t.co/cbC9hDWsmk pic.twitter.com/r9YyAcVTCL
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 27, 2021
El texto precisa que los desplazamientos forzados ocurrieron fundamentalmente en 12 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.
Llama la atención sobre la concentración de 14 de los 21 incidentes en Caloto (Cauca); Acandí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan y Nuquí (Chocó); Tumaco (Nariño); Puerto Leguízamo (Putumayo) y Buenaventura (Valle del Cauca).
Emitimos la alerta temprana 025-21 para San Calixto y El Tarra, en #NorteDeSantander, por el riesgo de las acciones de los grupos armados ilegales.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 25, 2021
Es fundamental que la institucionalidad del Estado articule un trabajo de prevención en esta zona. ������ https://t.co/VOc609RJDz pic.twitter.com/6PnHo2Ynvv
La Defensoría alertó que durante julio pasado la región del Pacífico devino epicentro de disputas territoriales entre grupos armados ilegales que procuran el control de actividades vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.
Sobre los confinamientos debido al conflicto, la entidad alerta que en estos tres meses 10.065 personas, que integran 2.454 familias, fueron forzadas a confinarse “ante el temor de las afectaciones a su vida e integridad”.
“De manera particular durante el mes de julio de este año, se observó que el Pacífico seguía siendo el epicentro de la disputa territorial armada para resguardar las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal”.
Por último, la entidad mostró su preocupación por que las causas de estos desplazamientos y confinamientos, que son principalmente las acciones de los grupos ilegales, se mantuvieron finalizando el mes de septiembre.
