Capitán del Ejército peruano confiesa disparos contra civiles

Un informe de la Inspectoría del Ejército peruano reveló el miércoles declaraciones del capitán Víctor Grados Rivas que confirman la culpabilidad de los uniformados en la masacre perpetrada en las instalaciones del aeropuerto de Huamanga, Ayacucho, el 15 de diciembre de 2022 cuando 10 personas murieron durante las protestas antigubernamentales.

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El documento, catalogado como confidencial en el marco de una investigación interna de la Cuarta División del Ejército, revela que los militares dispararon a quemarropa contra civiles desarmados en las afueras del aeropuerto, sustentando las denuncias que por espacio de un año exigían responsabilidades por el hecho.

El oficial, quien estuvo destacado con su brigada en el perímetro de la terminal aérea, develó los hechos denunciados en un intento de ser eximido de sus responsabilidades, uniéndose a un grupo de jefes de Brigada del Ejército que también narraron su implicación en los asesinatos de los manifestantes.

“Mi general, los responsables que saben quiénes son asuman su responsabilidad como tal y dando la cara y diciendo la verdad y no queriendo tomar otros nombres, haciendo quedar mal a otras patrullas todo para que ellos queden libres de todo; cuando hay responsables quienes son los verdaderos en haber salido a los exteriores del aeropuerto”, precisa el documento.

Trascendió asimismo que estas declaraciones fueron recogidas en diciembre del 2022, apenas unos días después de los hechos, acusaciones que fueron respaldadas en preguntas posteriores a sus superiores que lo hicieron afirmar que “si hay verdaderos responsables”, estos pertenecían a “las patrullas que se quedaron y salieron a las afueras del aeropuerto”.

La investigación no solo se centra en las confesiones del capitán Grados Rivas, sino las de otros miembros de la institución armada que señalan al teniente coronel Jimmy Vengoa Bellota como uno de los efectivos que abandonaron las instalaciones del aeropuerto y salieron a las calles de Ayacucho a disparar contra civiles.

No obstante, pese al amplio registro fotográfico y audiovisual que existe sobre el caso, así como premiados trabajos de periodismo de investigación, el Inspector de la IV División del Ejército, Marco Marín Saldaña, decidió dejar sin efecto las imputaciones en contra de 40 soldados a quienes de acusaba de faltas muy graves del código militar

Saldaña detalló que “no estaba probado que los heridos y/o fallecidos mencionados en los medios de comunicación social y en las redes sociales hayan sido producto del accionar de los integrantes de las patrullas de las Fuerzas Armadas”. Por eso, el teniente coronel Vengoa solo fue acusado de “infracción leve” por “haberse aislado de su equipo sin autorización”.

Los medios alternativos que cubren la noticia hicieron saber que el Ejército intentó por varios meses encubrir la existencia de este documento, pues aseveraban que “no se había iniciado ningún proceso de investigación en las dependencias consultadas”. Pese a todo eso, el documento salió a la luz.