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Tras la aprobación por la Cámara de Diputados del juicio político contra Rousseff, el analista político Beto Almeida, destacó que fue el resultado de un “proceso de conspiración” que fue ampliándose gracias al poderío económico de la contrarrevolución en Brasil y de las presiones de Estados Unidos.
Asimismo, aseguró que se trató de un “teatro absurdo” en el que pretenden juzgar a una presidenta elegida en las urnas sin presentar pruebas.
El drama protagonizó la jornada de votación, los diputados argumentaron su voto con las frases más teatreras “por mi esposa Paula”, "por la tía que me cuidó de pequeño", “por Dios”, “por los militares del 64”, “por los evangélicos”, entre otros.
Destacó que durante toda la jornada de votación en esa instancia, se ocultaron las verdaderas razones por las cuales apoyaron el juicio político, que fue promovido por Eduardo Cuhna, “un hombre corrupto procesado por delitos”.
Los diputados expresaron su defensa del proceso de destitución para “acabar con la Central Única de los Trabajadores y sus marginales”, “para que se les deje de dar dinero a los desocupados” y, sobre todo, por el fin de los robos y la corrupción, dejando a un lado que al menos 36 de esos diputados presentes en el pleno, incluido su presidente Eduardo Cunha, tienen casos pendientes en los tribunales.
Asimismo, advirtió que el país puede entrar en un “momento de mayor inestabilidad” si los movimientos sociales, trabajadores y la ciudadanía en general organiza una huelga en contra de “este proceso que tiene características absolutamente ilegales”.
Almeida aseguró que con esta votación en la Cámara de Diputados de Brasil se pudo observar cómo la democracia burguesa maneja “dinero de manera descarada para organizar un golpe de Estado disfrazado de un formato constitucional”.
En contexto
El Congreso y la derecha de Brasil pusieron en marcha un plan para difamar al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y desprestigiar los logros alcanzados en beneficio del pueblo, mediante intentos de enjuiciar a la Jefa de Estado.
A la mandataria la acusan de cometer crímenes de responsabilidad y de violar normas fiscales, pese a que la defensa ha señalado que no hay ningún ilícito ni pruebas en su contra.
De ser aprobado el juicio político en el Senado y concretarse su destitución, asumiría la Presidencia de Brasil el actual vicepresidente Michel Temer, quien rompió alianza con el Partido de los Trabajadores (PT) y contra quien pesa también un pedido de proceso de impeachment.
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