Cofadeh propuso en 2013 hacer una reparación integral a los familiares de las víctimas de la tragedia, pero hasta el momento no se ha tomado en cuenta la solicitud.
A cuatro años de la masacre en Mosquitia, Honduras, los sobrevivientes y familiares de las víctimas aguardan por justicia y por el esclarecimiento del terrible hecho que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y siete heridas.
Una fuerza combinada entre agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y fuerzas policiales y militares hondureñas, atacaron el 11 de mayo de 2012 a una embarcación que trasladaba a 16 indígenas miskitos por aguas del caudaloso río Patuca, en el municipio de Ahuas, departamento de Gracias a Dios.
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Las balas mortales de ametralladoras M60 fueron disparadas, por lo menos, desde uno de los cuatro helicópteros de la DEA, según recoge América Aljazeera, que además señala que este organismo norteamericano "no abordó cuestiones clave sobre el papel de los agentes estadounidenses en el incidente y tampoco mostró indicio de que tomarían medidas para evitar futuros accidentes de este tipo".
Durante la incursión militar murieron, de múltiples heridas provocadas por los proyectiles, Juana Jackson y Candelaria Pratt (ambas estaban embarazadas), el niño Hasked Brooks Wood (14 años) y el joven Emerson Martínez (22 años).
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Asimismo, un niño, un joven y una mujer quedaron lisiados, mientras que otras tres mujeres, cuatro niños y dos hombres sobrevivieron al brutal ataque, otros nueve niños y jóvenes quedaron huérfanos en condiciones precarias de subsistencia.
Ataque mediático tras la matanza
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) destacó que desde la tragedia, tanto los políticos, como militares y diplomáticos estadounidenses y hondureños han persistido en señalar a las víctimas del ataque como implicados en el narcotráfico.
En tal sentido, mencionó en un comunicado publicado en 2012 que el pueblo miskito sufre de una "satanización mediática" desde hace décadas, porque se le vincula con el narcotráfico. Esto, olvidando "el feudalismo existente en Honduras, la enorme pobreza que afecta a los pueblos indígenas y el colonialismo interno".
"En el caso de la Moskitia, el trasfondo del mensaje es claro: es el paulatino desalojo de la población vernácula de uno de los parajes mas ricos en biodiversidad en Centroamérica, además de la existencia de enormes yacimientos de hidrocarburos tanto en la plataforma continental como en tierra firme", señaló Ofraneh, sobre los motivos por los cuales se quiere vincular el hecho con el narcotráfico.
La organización explica que por la rapidez con la que aniquilaron los tripulantes, "se evidencia un toque de queda nocturno en la moskitia. Sin embargo, no existe ninguna estrategia rápida, por parte del Gobierno de los Estados Unidos para frenar el lavado de activos, el tráfico de armas, la circulación de precursores químicos".
Por su parte, Alba TV sostuvo en un reporte del año 2013 que el Estado a través de la Secretraría de los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños, no cumplió su promesa de apoyar a las familias víctimas del ataque.
En los últimos seis años se han registrado 390 masacres en el país centroamericano.
De hecho, este despacho no se ha hecho cargo de las necesidades básicas de los niños y niñas que quedaron huérfanos, y revela que uno de los jóvenes afectados por la tragedia no continuó sus estudios por perder la mano izquierda en el hecho.
Asimismo, algunos de los heridos no han podido trabajar nuevamente porque les ha costado recuperarse de los daños ocasionados por los proyectiles y en muchos de los casos, los gastos fueron costeados por los propios familiares.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) propuso en 2013 hacer una reparación integral analizada por expertos en el tema y en consonancia con los estándares internacionales que rigen este tipo de resarcimiento, especialmente cuando ocurre en un escenario de militarización con graves consecuencias en materia de violaciones a los derechos humanos.
Pero no ha sido considerada la solicitud y hasta la fecha muchos de los sobrevivientes han tenido que hacerse cargo de gastos suntuosos para mantener su salud.
Aún esperan justicia
En marzo de este año, Clara Wood, Marlen Zelaya y Brendi Martínez Pratt, familiares de los fallecidos en la masacre, relataron a la página web de Defensores En Línea que aún esperan por justicia y que el Gobierno de Honduras cumpla con resarcir los daños causados.
“Somos seis hermanos y mi madre nos daba de comer, ya después de que la mataron tuvimos que irnos a Roatán, porque en la Mosquitia no hay oportunidades, ya ni estudiar podemos” indicó Brendi Martínez Pratt.
Informó que está peleando el caso de su madre. "Ella estaba viajando en pimpante, yo estoy peleando por mis derechos porque seis hermanos que estudiábamos los perdimos, queremos que nos den apoyo para seguir estudiando”, finalizó.