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Publicado 5 abril 2017



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La canciller de Venezuela expresó su repudio a la sesión ilegal convocada el lunes en la OEA y que fue suspendida por Bolivia como presidente del Consejo Permanente. 

La canciller venezolana Delcy Rodríguez denunció este miércoles la maniobra injerencista por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la sesión de facto convocada por el organismo con el impulso por gobiernos de derecha.

Durante la sesión ordinaria, la diplomática venezolana denunció las graves violaciones realizadas a la institucionalidad de la organización.

"La OEA perdió la brújula, en cuanto a su intencionalidad, en cuanto a su funcionamiento", señaló.

>> Bolivia denunciará en foros internacionales golpe institucional en la OEA

En referencia a la sesión ilegal celebrada el lunes sin el consentimiento de Bolivia (quien cumple funciones presidenciales del Consejo Permanente), Rodríguez aseguró que se trató de "un hecho sin precedentes en la historia de este organismo".

"Decidieron sin estupor asaltar la institucionalidad de la OEA", indicó Rodríguez y resaltó que "Venezuela desconoce esa sesión de facto", por ende tampoco las medidas tomadas en la misma. 

"La OEA consideró un conflicto de poderes como un hecho justificable para intervenir", indicó.

Asimismo, la canciller destacó que no se puede aprobar una decisión con 17 países, en referencia a la cantidad de votos que aprobaron la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. La cantidad de votos requeridos para la aprobación de una medida, según el reglamento del Consejo Permanente, es de 18.

>> 17 países apoyan resolución ilegal sobre Venezuela en la OEA

Tras el fraude jurídico y procesal en la reunión del lunes, la diplomática llevará el caso a otras instancias.

La posible ejecución de la Carta Democrática en Venezuela fue sometida a votación entre los países miembros del organismo, quienes rechazaron la implementación de la medida la semana pasada. Sin embargo, los representantes de un grupo de países omitieron el resultado de esa sesión y realizaron una nueva que fue considerada ilegal por excluir de su participación el presidente ni el vicepresidente del consejo (los delegados de Bolivia y Haití, respectivamente) y por no respetar la votación anterior.


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