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La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, informó este lunes que el Poder Electoral solicitará al Ministerio Público (MP) el comienzo de las investigaciones sobre las irregularidades que se presentaron en el proceso de verificación y validación del 1 por ciento de firmas para iniciar proceso de activación del referendo.
Esta segunda fase, que comenzó en junio, se registraron 407 mil 622 personas, de las cuales, 399 mil 412 (98,04 por ciento) coinciden con la base de datos del CNE, mientras que otras mil 326 personas no coinciden.
"El Consejo Nacional Electoral, visto las irregularidades relativas a las posible usurpación de identidad, el Poder Electoral está solicitando al Ministerio Público la investigación del caso, es decir; del 0,33 por ciento registro de las huellas que no corresponden a las personas que dicen serlo (...) Asimismo, 243 registros que fueron duplicados, que pertenecen a 198 personas que fueron a validar más de una vez su huella en distintos puntos", expresó Lucena desde la sede del CNE, en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.
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A juicio del alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, ese referendo está muerto legalmente.
Como resultado de las más de ocho mil 600 denuncias de los ciudadanos en los tribunales, el revocatorio ya murió en las calles, apuntó el burgomaestre.
@hcapriles no pidas ahora que tamaño fraude quede impune. Debe imponerse legalidad. Apoyo a @Tibisay_Lucena pic.twitter.com/AR9BVlhJsR
— Tania Valentina Díaz (@taniapsuv) August 2, 2016
También denunció que, en ese proceso de solicitud, se comprobó que más de 10 mil personas fallecidas aparecen en las listas; registros de nueve mil 333 cédulas inexistentes, tres mil menores de edad y más de mil 300 personas inhabilitadas.
Es un gigantesco fraude, el más grande en la historia del país, declaró el también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Pese a la transparencia de los procedimientos, la MUD atacó en recientes jornadas al CNE, actitud que podría provocar alteraciones y embestidas contra los funcionarios y el ente comicial.
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Las presiones de la MUD obedecen a que quiere activar la consulta antes de finalizar 2016 y necesitan la oficialidad del cumplimiento del primer requisito, para luego dar el siguiente paso, cuyo proceso puede tardar hasta 30 días.
La otra fase comprende recolectar 20 por ciento de firmas con las huellas de los electores inscritos en el CNE, para fijar la fecha de comicios generales, en los cuales la oposición debe obtener al menos la misma cantidad de votos que el ganador de las últimas elecciones presidenciales.
El referendo puede invocarse después de tres años de periodo constitucional, pero cuando se cumplen cuatro, en caso de aprobarse la revocación, el presidente de la República debe ser reemplazado en sus funciones por el vicepresidente, sin invocación de elecciones adelantadas.
Si el referendo se lleva a cabo en 2017, no habrá elección presidencial porque el mandatario será reemplazado por su vicepresidente, en este caso Aristóbulo Istúriz, de destacada trayectoria revolucionaria.
En caso de realizarse antes de esa fecha, y que se imponga el voto contra Maduro, la Constitución prevé la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas, el propósito de la derecha venezolana.
Para los dirigentes del Gobierno bolivariano y el PSUV, el referendo no se realizará en 2016, porque la propia oposición violó los términos establecidos para presentar la petitoria y, además, la recogida de firmas fue irregular y fraudulenta.
