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El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, catalogó de injusta la decisión del tribunal del primer circuito de Boston, de declarar inconstitucional la ley de quiebra de la isla.
En este sentido, el mandatario consideró este miércoles que el fallo priva a la nación de una herramienta legal para manejar ordenadamente las obligaciones de sus corporaciones públicas.
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“Se trata de una aplicación de la ley federal que es injusta para Puerto Rico. Por un lado, se dice que el Capítulo 9 restringe a Puerto Rico de aprobar una ley de recuperación, pero por otro, no concede ninguna alternativa jurídica para enfrentar la situación”, dijo García Padilla, en un comunicado.
Asimismo, el mandatario sostuvo que “la opinión está siendo evaluada por los abogados del Gobierno a la luz de las expresiones de los jueces del Tribunal. Por mi parte, insisto en que esto tiene que unir a todos los puertorriqueños en un solo propósito. Vamos a exigirle a Washington trato justo para Puerto Rico, más allá de partidos o grupos. Es importante hablar con una sola voz para lograr acción de Casa Blanca y del Congreso".
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En contexto
Desde 1952, Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos, que lo mantiene bajo dominio colonial luego de invadirlo en 1898.
Con una deuda superior a los 70 mil millones de dólares, la nación avanza hacia la banca rota, y ante esta situación, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobó la Ley de la Recuperación de las Corporaciones Públicas, a fin de negociar con los acreedores de Wall Street. Sin embargo, el tribunal de distrito de EE.UU. en San Juan, la declaró inconstitucional por considerar que el campo está ocupado por la legislación federal.
La decisión fue recurrida por el ministro puertorriqueño de Justicia, César Miranda, al considerar que “no se trata de un campo ocupado, porque Puerto Rico está excluido de la Ley estadunidense de Quiebras. La decisión del tribunal de circuito de apelaciones de Boston deja a Puerto Rico en la indefensión, por lo que se evalúa apelar ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, subrayó Miranda.
Asimismo, el titular consideró que es irracional que el Congreso haya excluido a esta isla del Caribe de la Ley de Quiebras y, a la vez, le impida legislar para su protección.
