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Puerto Rico está atravesando un "limbo legal" que mantiene a esa nación sin alternativas para enfrentar la deuda de 72 mil millones de dólares.
Así lo destacó la corresponsal de teleSUR, Perla Franco, quien aseguró que el Gobierno de la isla ha nombrado un comité que se encargará de la reestructuración la deuda y cuyos miembros son considerados los responsables de la situación actual de la isla.
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Mientras tanto, frente al escenario de crisis fiscal en Puerto Rico, el coopresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) de Puerto Rico, Julio Muriente, aseguró en entrevista a teleSUR, que la única solución es la recuperación de los poderes políticos, es decir, la soberanía nacional.
Murientes enfatizó que no es posible catalogar a la nación caribeña como un Estado Libre y Asociado, por lo que lo catalogó como un fraude. "Ese concepto es un fraude. No es Estado con mayúscula porque no es Estado soberano, no es libre porque está a merced de los designios de Washington, ni es asociado porque es una relación de subordinación", apuntó.
El representante del movimiento independentista comparó la situación entre de la isla con la de Grecia, pues ambas atraviesan una crisis económica por las millonarias deudas que pesan sobre ellas.
Destacó que el país heleno tiene previsto un referendo que es el reflejo de la "soberanía nacional de ese pueblo, pero Puerto Rico no tiene ese poder para tomar decisiones. El problema es político porque Puerto Rico está a merced de las decisiones que se tome Estados Unidos en materia económica, social y política".
En Contexto
En la búsqueda de alternativas para afrontar la crisis financiera, la Asamblea Nacional puertorriqueña realizó un proyecto de ley conocido como Ley de Quiebra Criolla, que plantea la posibilidad para que el Estado Libre Asociado pudiera declararse en bancarrota. La propuesta fue anulada por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos (EE.UU.) por asegurar que se trata de un campo ocupado por legislación federal.
Por otro lado, el Gobierno estadounidense no se plantea un rescate federal de la isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes que desde 1952 es un Estado Libre Asociado (ELA) a esa nación norteamericana, que la invadió en 1898.
