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El golpe de Estado contra Rousseff comenzó a gestarse en 2015, bajo la figura de un juicio político.

El golpe de Estado contra Rousseff comenzó a gestarse en 2015, bajo la figura de un juicio político. | Foto: EFE

Publicado 29 julio 2017



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Con más de 20.000 votos, una encuesta reveló que los ciudadanos piden la invalidación del proceso de juicio político con la presidenta Rousseff. 

El Senado de Brasil deberá abordar la propuesta de anulación del impeachment que truncó el mandato de la presidenta Dilma Rousseff, de acuerdo a los más de 24.000 apoyos contabilizados en una consulta ciudadana.

La indagación, divulgada en el sitio E-Ciudadanía de la Cámara alta de Brasil, superó rápidamente durante la jornada de este viernes, los 20.000 votos requeridos para la conversión de la iniciativa en una “sugestión legislativa”.

En el marco de este sondeo para la invalidación del proceso de juicio político contra la presidenta Rousseff, se ha puesto a consideración de los internautas dos cuestiones principales.

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La pérdida del mandato de la presidenta constitucional fue fruto de un golpe de Estado y que con el fracaso del gobierno ilegítimo y golpista de Michel Temer la única solución es que Dilma Rousseff vuelva a ocupar el cargo para el cual fue electa y que nunca debió perder”, resalta una consulta colgada en el sitio E-Ciudadanía del Senado de Brasil.

El éxito de esta encuesta refuerza la acción popular lanzada el pasado 30 de junio para recolectar 1,3 millones de firmas para presionar al Supremo Tribunal Federal (STF) a revocar el resultado del juicio político, apoyado por partes foráneas.

El golpe de Estado contra Rousseff comenzó a gestarse en 2015, bajo la figura de un juicio político, conocido como impeachment, por haber supuestamente “maquillado” cuentas públicas a través de las llamadas “pedaladas fiscales”.

El 31 de agosto de 2016, el Senado de Brasil declaró a Rousseff culpable de corrupción, con 61 votos a favor y 20 en contra, y ordenó su destitución definitiva.

La decisión provocó las reacciones de distintos Gobiernos de América Latina, entre ellos Venezuela, Cuba, Ecuador y Bolivia, analistas políticos y demás personas, que comulgan con el concepto de “golpe parlamentario” fraguado por el Senado de Brasil.


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