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El sacerdote, en condición de beato desde 2015, fue asesinado durante la época de la guerra civil salvadoreña.

El sacerdote, en condición de beato desde 2015, fue asesinado durante la época de la guerra civil salvadoreña. | Foto: EFE (referencial)

Publicado 24 marzo 2017

Las organizaciones acudieron a los Juzgados, donde exigieron que los responsables del crimen, cometido hace 37 años, no queden impunes.

Un grupo de defensores de los derechos humanos de El Salvador, encabezados por Tutela Legal y Fespad, solicitaron este viernes ante los Juzgados la reapertura del caso del homicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ocurrido hace 37 años.

"Solicitamos la apertura del proceso penal contra responsables intelectuales, materiales y cómplices del asesinato de monseñor Oscar Romero, hecho ocurrido el lunes 24 de marzo de 1980. Se lo hemos pedido a la Fiscalía pero no ha habido respuesta, pero a partir de la anulación de la Ley de Amnistía nos permite acudir a los tribunales", indicó Ovidio Mauricio, representante de Tutela Legal "María Julia Hernández".

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Este viernes es el aniversario de la muerte del beato, quien fue asesinado el 24 de marzo de 1980, en el transcurso de la guerra civil salvadoreña, por un francotirador desconocido mientras realizaba una misa en la capilla del hospital La Divina Providencia, en la ciudad de San Salvador.

Los demandantes exigen reabrir el caso, el cual fue cerrado en 1993 debido a la aplicación de la Ley de Amnistía, que exoneró a los implicados en crímenes durante los 12 años de la guerra civil en el país.

También Jaime García, secretario de Monseñor Romero, forma parte de los demandantes y afirmó que solo buscan conocer la verdad de lo ocurrido.

"Que los victimarios se acerquen, no queremos venganza…queremos que pidan perdón. Y le pedimos al ministro de Defensa David Munguía Payes que abra los archivos de guerra", aseguró García.

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Los representantes de las organizaciones presentes, entre las cuales figuraron Concertación Social y la Asociación Pro Búsqueda, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado salvadoreño en abril de 2000, por ser responsable del magnicidio de Monseñor Romero, al no defender su vida y violentar la Convención de Derechos Humanos.


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