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La presidenta electa de Brasil se muestra decidida a volver a Planalto.

La presidenta electa de Brasil se muestra decidida a volver a Planalto. | Foto: Reuters

Publicado 26 mayo 2017



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"Cada día hay más pruebas de que el actual presidente de la República, no elegido por nadie, no es apto para el mandato", sostuvo la lideresa brasileña.

La presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, pidió este jueves a la Corte Suprema que se anule el juicio político que la separó de su cargo, en plena crisis del Gobierno de facto que manda en la nación amazónica.

"El país está experimentando actualmente una crisis política e institucional aguda de una escala tan grande como nunca antes se había visto. Cada día hay más pruebas de que el actual presidente de la República, no elegido por nadie, no es apto para el mandato", afirmó Rousseff.

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La defensa de Rousseff presentó una solicitud de reconsideración orden judicial de anulación del juicio político, de manera que pueda ser restituida a la Presidencia.

Los abogados presentaron en septiembre de 2016, días después de que el Congreso la destituyera por supuestas irregularidades fiscales, un recurso en el Supremo. La solicitud había sido hecha para Teori Zavascki, quien falleció en enero pasado.

El caso ahora está en manos del magistrado Alexandre de Moraes, exministro de Justicia del Gobierno de facto que estos días se tambalea tras la apertura de una investigación contra el jefe del Estado.

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Rousseff criticó al presidente no electo, Michel Temer, al exsenador Aécio Neves, y al exdiputado Eduardo Cunha, por consideralos parte de una "trama articulada".

"Un complot urdido en la articulación clara, ahora bien conocido entre este Parlamento, a continuación, la República vicepresidente y otros de sus compañeros, todos ahora acusados de corrupción y otros excesos evidentes", fustigó.

En contexto

Temer está contra las cuerdas después de que la Corte Suprema abriera una investigación en su contra a petición de la Fiscalía, que sospecha que el gobernante pudo haber participado de delitos de corrupción, obstrucción a la Justicia y organización criminal.

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La Fiscalía se basa en las confesiones de los directivos de la cárnica JBS, quienes acusaron a Temer de recibir coimas desde 2010, aportaron una explosiva grabación con el jefe de Estado y revelaron que pagaron sobornos a más de 1.800 políticos de 28 partidos a cambio de favores para la compañía.


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