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Familiares de la líder indígena están presentes en la audiencia para exigir la detención del resto de los autores intelectuales: un diputado del Congreso Nacional, un vicealcalde y un empresario.

Familiares de la líder indígena están presentes en la audiencia para exigir la detención del resto de los autores intelectuales: un diputado del Congreso Nacional, un vicealcalde y un empresario. | Foto: La Tribuna

Publicado 6 mayo 2016

La corresponsal de teleSUR, Gilda Silvestrucci, explicó que se estima la inmediata detención de los cuatro implicados que asistieron a la audiencia debido a la contundencia de las pruebas.

En Honduras realizan la primera audiencia de imputación de cargos a los cuatro autores intelectuales y materiales del asesinato de la activista Berta Cáceres, ocurrido el pasado 3 de marzo. Medios locales aseguran que otros dos funcionarios del Gobierno hondureño y un alto empresario están implicados. 

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La Fiscalía presentó a Sergio Rodríguez, gerente en temas sociales de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), quien presuntamente contactó a Douglas Bustillo para que contratara a un gatillero (asesino a sueldo) y efectuara el crimen.

Bustillo es un militar retirado y exjefe de seguridad de DESA, que incluso fue denunciado por Cáceres por haber sufrido de su parte amenazas e intimidaciones. Este, a su vez, contactó a Mariano Chávez, un militar activo de las Fuerzas Armadas de Honduras, quien contactó a un pistolero Edilson Duarte, otro militar retirado, identificado como el autor material.

Los cuatro implicados que se presentan en esta primera audiencia. La Prensa

Gilda Silvestrucci, corresponsal de teleSUR desde Tegucigalpa, explicó que en esta primera audiencia se evaluarán las pruebas presentadas por la Fiscalía, que se suponen son contundentes, por lo que se espera que el juez ordene la detención inmediata de los tres autores intelectuales y del autor material. Seguidamente se fijará otra audiencia para dictar sentencia.

Medios locales aseguran que en el crimen también están implicados como autores intelectuales un diputado del Congreso Nacional de Honduras, un vicealcalde de unas de las comunidades que defendía la activista y un alto empresario.

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Según El Heraldo una fuente extraoficial indicó que un vicealcalde y un diputado del Congreso Nacional están implicados en el asesinato. "La fuente no reveló el nombre de los investigados, pero aseguró que ambos tenían vínculos con Cáceres y los temas ambientales que esta defendía", publicó el medio.

En el juzgado se encuentra parte de la familia de Cáceres para exigir la inmediata captura del resto de los autores intelectuales.

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En contexto
Berta Cáceres junto al apoyo de las comunidades frenó los proyectos de la empresa hondureña Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA) en el el río Gualcarque, en Santa Bárbara. El proyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca fue financiado por el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) por unos 15 millones de dólares (unos 345 millones de lempiras) en coordinación con Finnfund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Tras el escándalo por el asesinato de Cáceres, FMO negó que el hecho se vinculara con el proyecto Agua Zarca.  
Antes de que llegara FMO, Berta Cáceres frenó un financiamiento para el mismo proyecto pero en aquella ocasión por Sinohydro y el Banco Mundial. La líder indígena recibió por su labor 33 amenazas de muerte.

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