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La ley deberá ser firmada próximamente por el presidente de EE.UU., Barack Obama.

La ley deberá ser firmada próximamente por el presidente de EE.UU., Barack Obama. | Foto: AP

Publicado 29 junio 2016

Para el pago de 70 mil millones de dólares de la deuda de Puerto Rico, el Senado aprobó la ley PROMESA que contempla medidas neoliberales.

El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles el proyecto de ley de “rescate financiero” a Puerto Rico, un paso que, según el presidente Barack Obama, es el único necesario para que se convierta en ley.

Con 68 votos a favor y 32 en contra la medida fue enviada a la Casa Blanca, donde se espera reciba la firma del mandatario estadounidense antes del impago próximo. 

Economistas advierten que para la reestructuración de la deuda con la ley PROMESA serán impuestas medidas neoliberales a la nación caribeña más allá de las competencias del Gobierno puertorriqueño.

Aseguran que habrá recortes sociales y mayor endeudamiento, debido a que la ley se basa en un incremento de los impuestos que permitan pagar la deuda de 70 mil millones de dólares.

A través de un comunicado Reynaldo Benítez, el portavoz del líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid, manifestó su preocupación por “medidas injustas” sobre el salario mínimo o la falta de protecciones para los jubilados, sin embargo, asegura que la ley es la “mejor solución a los problemas de la isla”.

Entratanto, senadores demócratas, entre ellos, el cubano-estadounidense Robert Menéndez, aseguran que se trata de una ley “colonialista” e “intervencionista”.  

>> ¿Qué le espera a Puerto Rico tras el impago?

El dato: Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos pese a que le llamen, desde 1952, “Estado Libre Asociado”. Es un territorio con un autogobierno limitado que posee una Constitución para el manejo de sus asuntos internos, pero cuya soberanía la ejerce el Congreso estadounidense. 

>> Puerto Rico, la colonia económica de EE.UU.

El Senado de los Estados Unidos (EE.UU.) también aprobó la creación de una junta federal de control fiscal que sobrepasa la potestad del Gobierno de Puerto Rico, para implementar una reestructuración de la deuda pública de este Estado.


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